La “vía peruana” en Guatemala
¿Qué puede pasar después de las elecciones del 20 de agosto?
Parte I: Perú*
Durante la segunda vuelta electoral, el candidato presidencial peruano, Pedro Castillo, descartó hacer acuerdos con partidos afines o más progresistas a modo de moderar su discurso y sus propuestas de campaña. Esta fue una decisión fatal de Castillo y habría de quedar demostrado a menos de un año de haberla tomado.
Castillo sabía perfectamente que era poco probable que sus propuestas políticas, sobre todo su propuesta de refundación, podrían ser implementadas y sabía que sería vulnerable ante un Congreso recién elegido, pero que estaba dominado por partidos de la derecha, mientras que su partido Perú Libre tenía solo 37 de los 130 escaños en el congreso. De entrada, pues, Castillo iba a tener que lidiar con un congreso en completa oposición, en principio, no solo con su persona claramente indígena y sus ideas, sino también con sus políticas y algunos de sus más cercanos aliados. Por ejemplo, el caso escandaloso de Vladimir Cerrón, un notable pensador marxista peruano, pero con muchos/as enemigos/as mortales entre las elites peruanas y los partidos de siempre. En respuesta a esto, a lo que se anticipaba con un gobierno lleno de anticuerpos, Castillo decidió que no gobernaría con su más cercano aliado e ideólgo, creyendo que esto apaciguaría el discurso anticomunista del que se revistieron las fuerzas reaccionarias. Esta fue una decisión que tampoco resultó en nada de lo buscado.
Ni siquiera había terminado la segunda ronda de la campaña presidencial, en abril de 2021, cuando una excongresista del partido fujimorista Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, denunció a Castillo ante el Ministerio Público peruano por “falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y falsedad ideológica”. En respuesta la fiscalía de ese país abrió una investigación preliminar contra Castillo que vino a forma parte de una guerra jurídica más amplia y oscura contra su presidencia. Y todo porque Castillo había fundado una empresa llamada Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP SAC, pero no la había incluido en su hoja de vida presentada al JNE. Así de livianos pueden ser los salvos con los que se inicia una campaña de guerra jurídica contra proyectos reformistas, ya no digamos, refundacionales en Latinoamérica.
Tras resultar ganador de las elecciones generales, Castillo asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 2021. Desde el mismo inicio de su gobierno, sin embargo, muchos de sus ministros comenzaron a ser cuestionados por los medios de comunicación debido a diversos motivos: “inexperiencia”, “no tener el perfil adecuado para el cargo que desempeñaban” y por supuesto acusaciones de tener “vínculos con grupos extremistas” y “organizaciones terroristas”. Después de la renuncia de varios ministros por varias razones, Castillo mismo se vio totalmente aislado y abandonó su partido, Perú Libre, solo un día después de que el partido emitiera un comunicado pidiendo su salida como paso previo a la apertura de un proceso disciplinario. Castillo fue acusado, en esta ocasión y ya más seriamente, de promover la desunión de la agrupación y de implantar políticas contrarias al programa electoral. La falta de una política articuladora desde el comienzo de su campaña hasta este momento resultó siendo un factor de aislamiento para el presidente.
El 7 de diciembre de 2022, cuando las tensiones entre los partidos derechistas de la oposición y Castillo llegaron al punto de no regreso, Castillo intentó tomar el control del Estado, implementó un “autogolpe” al estilo de su predecesor, Alberto Fujimori, y resultó siendo totalmente destituido del cargo por el Congreso de la República que empleó un proceso de “vacancia” y que aprobó con 101 votos a favor. Esto fue seguido por su detenimiento por las autoridades peruanas. El parlamentarismo negro acorraló a Pedro Castillo y logró descarrilar todo este proyecto político peruano. Aunque grandes segmentos de la ciudadanía peruana ha salido a las calles a demandar la restitució de Pedro Castillo y la renuncia de la golpista Dina Boluarte, “presidenta” desde el 7 de diciembre de 2022 y también miembra de Libre Perú, esto no ha pasado de ser hasta el momento una reacción indignada de la ciudadanía.
Parte II: Guatemala
El candidato del Partido Semilla ha implementado una campaña electoral de segunda ronda para las elecciones del 20 de agosto sin formalizar ningún acuerdo con otros partidos progresistas o de izquierdas. Ello quizás se deba a la idea de querer mantener un discurso estrictamente anticorrupción, así como social y económicamente moderado (¿a quién en Guatemala no le gusta hablar de emprendimiento?) en comparación, por ejemplo, con el discurso de partidos (hoy cancelados) como el MLP o de movimientos sociales e indígenas que abiertamente dicen que la lucha contra la corrupción no es suficiente, sino que hay que luchar por la refundación y un Estado plurinacional. Pero debe quedar claro que sin articulaciones democráticas amplias con movimientos sociales e indígenas, colectivos progresistas y partidos de izquierda, Semilla no va a tener el apoyo organizado y disciplinado que va a necesitar para implementar aunque sea solo parte de su agenda. Ya no digamos el apoyo organizado que Semilla va a necesitar cuando arrecie la guerra jurídica contra el partido y se intensifique el parlamentarismo negro contra Arévalo.
Como Castillo, Arévalo sabe perfectamente que sus propuestas políticas van a enfrentar mucha oposición en el congreso que incluso puedan ponerlas en peligro al punto de resultar imposible implementadas efectivamente. Arévalo sabe que el legislativo controla el financiamiento presupuestario y que un posible gobierno de Semilla va a estar enfrentado a un Congreso dominado por un Pacto de Corruptos recién renovado, muy obstinado, y que sin muchos aprietos acumula más de 100 votos y que, en base a trueques y transacciones, bien puede sobrepasar los 105 votos. El Pacto de Corruptos tiene pues una mayoría que les permite iniciar procesos legislativos que bien pueden negar los requerimientos o necesidades del poder ejecutivo. La bancada de Semilla simplemente no tendrá el peso necesario para influir decisiones importantes en el legislativo o para tomar decisiones de trascedencia nacional. Peor si el partido resulta cancelado después de las elecciones, sus diputados/as resultan excluidos de las juntas directivas, si es que no enfrentan procesos de desafuero debido al espurio alegato de haber sido electos/as por gente muerta o con firmas falsificadas.
Arévalo no se ha rodeado de los/as equivalentes chapines de un Vladimir Cerrón. Samuel Pérez, el actual jefe legislativo de la bancada de Semilla, es un político joven que se fogueó recientemente durante las jornadas ciudadanas de protesta en 2015, pero que ha mantenido un discurso anticorrupción y anticooptación relativamente moderado. Incluso sus posiciones de cuestionamiento hacia el grupo empresarial más poderoso de Guatemala, el CACIF, son enteramente razonables y dentro de los confines de una política relativamente moderada. Lo mismo podemos decir de otras figuras influyentes dentro de Semilla, por lo menos las que no han salido de Guatemala. A pesar de ello, hay una campaña negra, sucia y muy recia contra Semilla haciendo acusaciones falsas de que es un partido “marxista”, “socialista” o incluso “comunista” y advertencias de que elegir a Semilla es optar por la vía venezolana al “socialismo”, la expropiación, la diversidad sexual y el aborto. Esto ha quedado más que claro con las vallas colocadas en varios puntos de la Ciudad de Guatemala por la Fundación contra el terrorismo que constituyen, también, campaña electoral no autorizada.
Pero todo esto es nada comparado con lo que se va a desatar si Arévalo resulta ganando las elecciones del 20 de agosto, como está ampliamente esperado y vaticinado. Nuestra conjetura es que en ese caso el escenario político guatemalteco se torna similar al escenario político peruano que llevó a la destitución de Pedro Castillo. Se trata de un parlamentarismo negro como solución al problema inesperado y muy inconveniente de Bernardo Arévalo y el auge totalmente aleatorio y rizomático de Semilla. Mi hipótesis al respeto está compuesta de los siguientes pasos:
Primero, como es evidente con las acciones del juez Fredy Orellana desde el 13 de julio, han estado buscando y seguirán buscando cancelar al Partido Semilla en pleno proceso electoral. Aunque hasta el momento no lo han logrado por su obvia y explícita ilegalidad. La Corte de Constitucionalidad, una corte totalmente cooptada, al no tener otra opción por ahora más que reconocer la autoridad del TSE y la legitimidad (relativa) del proceso, ha protegido la segunda ronda del proceso electoral, pero le ha dado permiso al MP para que continúe en su esfuerzo por criminalizar y cancelar a Semilla. Esto quedó confirmado el 8 de agosto cuando la CC negó un amparo interpuesto por Semilla para que efectivamente suspendiera la persecución del partido por parte del juez Fredy Orellana.
Segundo, podemos esperar que el MP y la FECI busquen definitivamente cancelar a Semilla, pero después del 20 de agosto. Esto pondría en tela de juicio la situación de los/as diputados/as de Semilla. En un congreso dominado por un renovado pacto de corruptos podemos esperar, como mínimo, una guerra legislativa contra un ejecutivo de Bernardo Arévalo.
Tercero, con el control absoluto del legislativo y más de 105 votos, no sorprendería para nada si las bancadas de la corrupción y cooptación buscaran la destitución de Arévalo después de su inauguración oficial el 14 de enero. Aquí es donde más podemos anticipar la “vía peruana” implementada en Guatemala. Y, para hacerlo, van a inventar cualquier excusa pseudo-legal para buscar la destitución del presidente. Es en este contexto donde una presidencia de Arévalo va a necesitar más de articulaciones políticas amplias, democráticas y audaces, capaces de movilizarse de la noche a la mañana, capaces de desplegar el poder ciudadano en las calles siguiendo, efectivamente, el modelo colombiano de Gustavo Petro.
Estamos, pues, entrando en la etapa del parlamentarismo negro como etapa defensiva del proyecto de la restauración total que fue implementado en Guatemala entre 2016 y 2023.