Para Gramsci, una crisis parlamentaria y, sobre todo, una crisis más profunda de hegemonía en el contexto del Estado integral, cuando los vínculos orgánicos entre la sociedad política y la sociedad civil (sobre todo la sociedad civil permitida) se ven en peligro de colapsar, resulta en la suspensión de los procedimientos políticos y jurídicos normales y el despliegue de una lógica perversa de la excepción. Para el proyecto corrupto de la restauración total que ha sido impuesto en Guatemala desde 2016 la justicia no es algo que pueda definirse en el momento presente (2015 al presente) a la luz de consideraciones estrictamente jurídicas o constitucionales, mucho menos a la luz de cuestiones de moralidad (honestidad, transparencia) o democracia (rendimiento de cuentas). La crisis de hegemonía que se abrió en 2015 ha creado un modo de facticidad en donde toda cuestión de justicia y moral es puesta en suspenso a favor de “soberanía” y “seguridad nacional”. A esto le llaman “cumplimiento de la Constitución” y “apego a la ley”.
Para el pensamiento ultraconservador, como para el pensamiento fascista, la soberanía no se decide por medios morales o democráticos, sino que es producto fundamental de una decisión estratégica del Estado. Como lo pone Carl Schmitt: “Soberano es aquél quien decide sobre la excepción” y dicha excepción no está sujeta a los procedimientos o mecanismos de balance judicial de neta inspiración liberal. Si la soberanía está sujeta a mecanismos de control moral o democrático entonces no es soberanía, sino simplemente “censura”, negociación o “balance de fuerzas”.
En Guatemala, los grupos del poder político (como los partidos FCN, Vamos, Creo, Todos, etc.), militar (Avemilgua y Fundación contra el Terrorismo), empresarial (CACIF y sus organizaciones satélites como Fundesa) y civil (Liga Pro Patria, MCN, etc.) y su proyecto corrupto restaurador han visto una amenaza mortal en los reportes de la CICIG que desnudaron al Estado, revelaron la profunda corrupción del sistema político y desataron con todo ello una crisis de hegemonía. También ven una amenaza mortal en las propuestas refundacionales de Codeca, CPO y Waqib Kej que han surgido en el país en la última década y en los solamente incipientes esfuerzos de construir una articulación democrática, rupturista y refundadora. Ante una crisis que amenaza la sobrevivencia del poder soberano, la opción más coherente y soberana para los grupos de poder consiste en el abandono de consideraciones morales, jurídicas y democráticas y la adopción de un “estado de excepción” en donde una situación de golpe constitucional (como lo representa la falta de elección para nuevos/as magistrados/as a la CSJ en total desacato de una resolución explícita de la CC) se convierte en una situación de legitimidad soberana. En este contexto, aunque mantienen la forma de un sistema republicano de gobierno, todo/a juez/a o fiscal que actúe de modo estrictamente moral y jurídico, con apego al sistema de justicia vigente (aunque el mismo haya sido diseñado en principio con agujeros jurídicos que garantizan privilegios, impunidad y excepciones para los grupos del poder), ya no digamos con apego a principios morales del bien común o social (incluso como los mismos son definidos en la Constitución del 85), es por tanto acusado/a de “prevaricato”. El “delito” de prevaricato surge y es vito como una falla en afirmar la soberanía incluso por encima del sistema legal. Dicha falla es suficiente para justificar una guerra jurídica contra los/as enemigos/as de la soberanía nacional.
Un pasaje de Gramsci que es conceptualmente revelador nos puede servir para elucidar las dinámicas, contradicciones y tendencias del momento presente en Guatemala:
“Teóricamente lo importante es demostrar que entre el viejo absolutismo derrotado por los regímenes constitucionales y el nuevo absolutismo hay una diferencia esencial, por lo que no es posible hablar de un regreso; no sólo esto, sino demostrar que tal “parlamentarismo negro” está en función de necesidades históricas actuales, es “un progreso”, en su género; que el regreso al “parlamentarismo” tradicional sería un regreso antihistórico, porque incluso donde éste “funciona” públicamente, el parlamentarismo efectivo es el “negro”. Teóricamente me parece que se puede explicar el fenómeno en el concepto de “hegemonía”, con un retorno al “corporativismo” pero no en el sentido “antiguo régimen”, en el sentido moderno de la palabra, cuando la “corporación” no puede tener límites cerrados y exclusivistas, como era en el pasado; hoy es corporativismo de “función social”, sin restricciones hereditarias o de otro género (que por lo demás era relativa también en el pasado, en donde la característica más evidente era la del “privilegio legal”).” (C14 §74 y §76)
El régimen constitucional del 85 surgió del viejo absolutismo militar y su Estado de seguridad nacional. Se trata de un régimen constitucional con ciertos elementos del desarrollismo de los años 80s, pero con fuertes garantías, privilegios y excepciones para los derechos individuales, los derechos de propiedad y la economía de mercado. La doctrina neoliberal fue impuesta en Guatemala por el Gobierno de Arzú Irigoyen (1996-2000) y es como parte del despliegue de esta doctrina que también se constituye una sociedad política sobre la base del acceso a los recursos, instituciones y personal del Estado con propósitos de acumulación y enriquecimiento ilícito. De modo que cuando la CICIG dijo que “el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca, es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción”, la misma CICIG dejó de mencionar que dicho financiamiento electoral ilícito es solo una dinámica de la corrupción y la cooptación del Estado. El verdadero “pecado original de la democracia” resulta ser algo más profundo, una dinámica mucho más perversa, el producto de un proceso de captura y cooptación de los recursos, instituciones y personal del Estado por decisión y diseño de los grupos de poder.
En efecto, para garantizar el apoyo del Estado y la sociedad política al proyecto neoliberal del CACIF era necesario que las elites cacifistas permitieran el desarrollo de lo que Gramsci, en el pasaje arriba citado, llama el “parlamentarismo negro” o “implícito”. En un país como Guatemala es solo este “parlamentarismo negro” lo que puede servir de apoyo Estatal sin chequeos ni balances y sin control democrático para el despliegue de un proyecto neoliberal a ultranza, es decir, una forma extrema de extractivismo violento y, dada la proliferación de la pobreza y extrema pobreza en el país, una forma grotesca de consumismo popular. A medida que se consolidó el proyecto cacifista a partir de la presidencia de Arzú Irigoyén, también se abandonó la agenda desarrollista de la paz que el mismo Arzú Irigoyén terminó de negociar en 1996 con los grupos revolucionarios aglutinados en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Y a medida que se expandió el “parlamentarismo negro” también se expandió la lógica de la acumulación corrupta de capital lo que, eventualmente, alcanzó la forma grotesca de “La Línea” que llegó al desborde durante los gobiernos de la UNE (2008-2012) y particularmente el PP (2012-2015).
El proceso de construcción del parlamentarismo negro o implícito, como un andamiaje institucional y político por detrás de las legalidades y los protocolos establecidos para los poderes del Estado, es algo que no empezó con Otto Pérez Molina. Se trata, más bien, de un proceso que se gestó durante un largo tiempo, pero del cual sólo el último acto – con el caso emblemático de La Línea – fue revelado al público por la CICIG. Dentro del bloque en el poder la crisis de hegemonía adquirió la forma de lo que Gramsci llama un “sistema de fuerzas en equilibrio inestable” (C14 §76). Dicho “equilibrio inestable” se terminó de desequilibrar en 2015, precisamente por el desborde de la corrupción que, con Pérez Molina y Baldetti a la cabeza, se creyó capaz de actuar con creciente autonomía del poder empresarial, y ello fue lo que, desde el punto de vista de los grupos de poder, llevó al completo abandono de apoyo para el Gobierno de Otto Pérez Molina y su eventual colapso. Esto fue solamente la manifestación pública de un creciente equilibrio inestable entre los grupos de poder, en parte como consecuencia de la crisis global del 2007-2008 que cambió la relación y dinámica de los grupos empresariales y políticos, el comienzo de una crisis de hegemonía que urgía remediar antes de perder el control total del Estado. Lo que surge en Guatemala a partir de 2016 es, por tanto, un régimen de restauración total que busca, dentro de los grupos de poder, reestablecer un equilibrio estable y, con los grupos del subalternismo neoliberal, normalizar e incluso expandir, si es necesario, el parlamentarismo negro. Y el Gobierno de Giammattei ha presidido, precisamente, dicho proceso de expansión.
Restauración no significa, por tanto, un simple “regreso” a los regímenes de seguridad nacional pre-85 como propone tanto analista del extremo centrismo e incluso algunas expresiones de las izquierdas progresistas. El despliegue de una nueva forma de autoritarismo corrupto y al mismo tiempo moralmente farisaico coincide, en Guatemala, con el surgimiento de los llamados populismos de extrema derecha que vemos en otras latitudes y continentes. Pero hay que poner atención a lo nuevo, lo que nadie ha anticipado ni pudo anticipar previo a 2015, lo “extra” que trae consigo este modelo restaurador de autoritarismo moralizante. La actuación obscena del proyecto restaurador que desnudamente transforma el vicio público (la corrupción completa del Estado) en virtud privada (el “desayuno nacional de oración” ungido por falsos apóstoles, profetas y pastores, ellos/as mismos/as implicados en actos de enriquecimiento obsceno y corrupción espiritual en sus iglesias), que apela a valores tradicionales mezclándolos con comportamientos políticos totalmente perversos, es solo la parte más visible de un proceso más profundo y perverso de normalización hegemónica entre los grupos de poder y con los grupos civiles del subalternismo neoliberal. Si bien es cierto que la figura normativamente vacía del presidente comediante Jimmy Morales inició las infamias de este proceso, hoy la figura autoritaria de Giammattei las ha continuado, ampliado y consolidado como parte de un “progreso” al parlamentarismo negro como modo dominante y ampliamente aceptado de lo político. En eso consiste la normalización hegemónica: en la generalización de la corrupción como decisión soberana del Estado y como estilo de vida libre. Esto significa una derrota dentro del proyecto dominante mismo de las metas y mecanismos establecidos, aunque ya de modo limitado o restringido, en la Constitución del 85 y en los Acuerdos de Paz que hoy incluso resultan demasiado democráticos para el bloque de grupos dominantes en el poder. Ni siquiera las fuerzas armadas tuvieron la capacidad para inventar o adoptar esta forma “progresista” de restauración donde la perversidad y la corrupción se pintan de virtud y la justica se convierte en prevaricato. Entender que todo esto está en función de necesidades históricas actuales de Guatemala es, para mucha gente, inconcebible. Pero así es.
Propongo pues hablar de la restauración total y su adopción y ampliación del parlamentarismo negro como lo típico, aunque no necesariamente permanente, en la Guatemala del presente. Gramsci escribe que el fascismo fue una forma de revolución pasiva y argumenta que, así como el liberalismo fue típico del siglo XIX, el fascismo se puede convertir en lo típico del siglo XX (Q8 §236, escrito en abril de 1932). Aunque la restauración total en Guatemala no es fascismo, por lo menos no todavía, el proyecto busca más que normalizar y ampliar el parlamentarismo negro. También busca restaurar elementos claves del Estado de seguridad nacional pre-85, además de socavar por completo los Acuerdos de Paz, el legado de la CICIG y la primera FECI que dirigió el fiscal Juan Francisco Alfaro, así como desactivar y reprimir todo potencial refundador que haya surgido desde abajo, desde los movimientos sociales, en la última década. La restauración total busca dejar en el olvido los anhelos y aspiraciones que surgieron de La Plaza en 2015. Mientras que derrotar la “práctica reformista” de la que nos habla Gramsci requiere de una guerra jurídica muy precisa como lo muestran las acciones tomadas por varias instituciones de Estado. Esta guerra jurídica implica, en efecto, la “abolición [del] terreno legal, porque se convierte en fuente de organización y despertar de fuerzas sociales latentes y adormiladas” (C14 §76). Ahora, desactivar el potencial refundador de los movimientos sociales requiere el despliegue de una guerra de posiciones muy amplia y profunda y un proceso de criminalización mucho más maquiavélico, cruento y represor. Aunque la guerra jurídica es parte de una más amplia guerra de posiciones que en efecto define los antagonismos internos del Estado integral, la misma de todos modos requiere de elementos específicos que podemos identificar claramente y que ejemplifican cómo la subsunción total del sistema legal al poder soberano y su poder de excepción es el motor de lo perverso y síntoma (o previsión) de una intensificación de las luchas, la guerra de posiciones, y no viceversa.
Los ejemplos del desmantelamiento de los Acuerdos de Paz son muchos. Pero el último clavo en el ataúd de los mismos es la iniciativa 6076 extendida por la iniciativa 5601, hoy el Decreto 39-2022 o “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, aprobado el 4 de agosto de 2022, que “crean figuras delictivas y adecúa normas penales frente a delitos cibernéticos” (PL). Lo que esconden detrás de la “protección” a los guatemaltecos y sus datos personales de los ciberdelincuentes es una vasta y muy amplia criminalización del activismo virtual, la crítica (incluyendo la sátira y hasta la comedia) y la oposición en las redes sociales incluyéndolos dentro de la vaga categoría del “ciberacoso”.
En cualquier caso, como ya lo indiqué arriba, no es posible hablar de un simple “regreso” a los antiguos regímenes dictatoriales de las fuerzas armadas (1954-1985). Restaurar no es un simple “regresar”. La clave para entender la restauración es, como diría Gramsci, “hasta qué punto las restauraciones actúan como ‘un ardid de la providencia’, es decir, como un proceso “para acelerar la maduración de las fuerzas internas que han sido reprimidas por la práctica reformista” (Q10 II §41 XVI, escrito entre agosto y diciembre de 1932). En Guatemala esas “fuerzas internas” están constituidas por el bloque abigarrado de elites rapaces del cacifismo y su proyecto extractivista neoliberal en una alianza con grupos políticos, militares y criminales que reciben a cambio cierto ascenso corrupto a posiciones de poder político con enriquecimiento ilícito por medio del saqueo y la corrupción permitida (recordemos que el parlamentarismo “implícito”, el parlamentarismo o gobierno de las “alfombras mágicas”, funciona como las “bolsas negras” y la “lotería clandestina” donde y cuando la bolsa oficial y la lotería del Estado por alguna razón están clausuradas). El quid pro quo de esta alianza implica, pues, desplegar el poder del Estado, sus instituciones y sus recursos a favor del proyecto extractivista neoliberal del cacifismo y, dado el abandono completo que han hecho de todo proyecto desarrollista de la paz (que supone cierto apoyo a la política democrática y el imperio de la ley), el apoyo al proyecto neoliberal totalmente extractivista que necesariamente supone un incremento continuo de violencia y represión al estilo pre-85. Para esta coalición de “fuerzas internas”, este bloque de grupos empresariales, políticos, militares y criminales en el poder, lo que cuenta del régimen constitucional y del sistema de justicia es la garantía de los derechos de propiedad, la “estabilidad” económica, la garantía de la seguridad nacional y la reproducción de su acceso al poder y recursos del Estado. Cuando los mecanismos internos de este “parlamentarismo implícito” o negro fueron revelados por la CICIG, las fuerzas internas del Estado ampliado (sociedad política corrupta + sociedad civil reaccionaria) se sintieron “reprimidas por la práctica reformista” y ello desató una crisis de soberanía a partir de la cual actores reformistas como la CICIG, la FECI, etc., fueron vistos como actores manipulados por fuerzas externas, producto de un “experimento” del “globalismo” para desestabilizar el orden soberano interno. Pues para la restauración todo intento de reformismo judicial, incluyendo los Acuerdos de Paz, la justicia transicional y las propuestas de la CICIG, es producto de una conspiración comunista, indigenista, feminista o globalista (o de todas justas!).
Para el bloque histórico de grupos restauradores la “práctica reformista” que buscan socavar está representada por dos proyectos distintos, aunque relacionados. El proyecto de la CICIG, la primera FECI, operadores/as de justicia y organizaciones civiles pacíficas, una vez dedicadas como sociedad civil permitida casi exclusivamente al proyecto de construir la paz, pero poco a poco implicadas en el trabajo de desmantelar la corrupción y la impunidad en apoyo a un sistema de justicia funcional y transparente. Por ello es que el bloque de grupos restauradores ve a la CICIG, siguiendo el modelo conspirativo de la ultraderecha, ya sea como un “experimento” impuesto en Guatemala por elites “globalistas” opuestas a los valores tradicionales y a la soberanía nacional o como un ejercicio de “politización de la justicia” o “judicialización de la política” que pierde de vista el verdadero carácter de lo que significa “aplicar la ley”. Igualmente, los grupos restauradores y sus sicarios civiles ven en organizaciones civiles que promueven la paz, el desarrollo y los derechos humanos un frente de fuerzas izquierdistas radicales, financiadas por agencias que fomentan “revoluciones de colores” y cuyo trabajo mina lo que ven como la soberanía y dignidad nacional. Esta percepción altamente distorsionada de un proyecto que surgió originalmente de un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, con el aval de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007 y como sucesora – hasta cierto punto – de MINUGUA y los Acuerdos de Paz, es lo que lleva a las fuerzas del bloque restaurador a acusar a los/as operadores/as de justicia comprometidos/as con la justicia de cometer “prevaricato” y de violar la Constitución y la soberanía nacional. Si la CICIG fue creada como un órgano independiente de carácter internacional con el fin de apoyar al Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y a otras instituciones del Estado, hoy los grupos restauradores la ven como un órgano internacional utilizado para minar la soberanía nacional en función de “intereses globalistas”. Por ello es que hoy tienen también como meta el desmantelamiento total de todo el trabajo de la CICIG y, sobre todo, del proyecto reformista (representado, ante todo, por el intento de reforma constitucional en el sector justicia de 2017) que la CICIG promovió con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, las fuerzas que surgieron de La Plaza en 2015 incluyendo colectivos progresistas y movimientos sociales que por años habían venido trabajando dentro de la agenda de la paz para humanizar un poco el Estado neoliberal que surgió de 1985 e implementar lo que todavía quedaba de la institucionalidad de la paz que surgió después del triunfo del “No” en el referendo de 1999.
Los grupos restauradores también buscan aniquilar el proyecto más democrático y emancipador de una refundación plurinacional, feminista, ecológica e incluso socialista del Estado. Los proyectos refundacionales surgieron en Guatemala durante la última década, aunque sus raíces son mucho más profundas. Por un lado, son una expresión nacional de la “marea rosada” que recorrió Latinoamérica durante la primera década del nuevo siglo y llevó a una primera oleada de refundaciones sobre todo en América del Sur. Por otro lado, son también parte del estallido global de protestas empezando con la Primavera Árabe, Occupy Wall Street y el movimiento de Los/as Indignados/as en 2011. Mientras que las propuestas refundacionales llevan la impronta de movimientos indígenas refundadores como los de Bolivia y Ecuador, también encontramos en los mismos las huellas de los movimientos rizomáticos, espontáneos, fuera de los sistemas políticos tradicionales y partidos dominantes, que en el caso de Guatemala desembocaron en la construcción de La Plaza en 2015 y contribuyeron enormemente al desplome del Gobierno corrupto y cooptado de Otto Pérez Molina en una exitosa revuelta ciudadana como no había ocurrido en Guatemala desde 1944, aunque no haya desembocado en una “revolución”. Chile es el caso que nos ofrece el horizonte de estas luchas rizomáticas a pesar de la derrota de su primer intento refundacional en el Plebiscito Constitucional de 2022.
La restauración total, incluyendo el modo de parlamentarismo negro que implementa, no es pues una simple aberración política de los grupos restauradores, sino que responde a ciertas “necesidades históricas actuales” representadas tanto en los proyectos arriba descritos como en la necesidad de una nueva alianza y un nuevo equilibro estable entre los grupos políticos y empresariales que rompieron su sintonía durante los Gobiernos de la UNE y el PP. En este último sentido estamos hablando de una etapa nueva de la guerra de posiciones en la cual la restauración reviste también una forma de “revolución pasiva” o contrarefundación. En este proceso tanto formas de subalternismo neoliberal como religioso juegan un papel clave como apoyo, consenso y legitimación del proceso. ¿A qué responde esto? Tiene mucho que ver con las consecuencias de la Gran Recesión y las dinámicas propias que demanda el capitalismo extractivista (el cacifismo) en Guatemala. Nada de esto existía durante los años del conflicto armado interno. En este sentido, muy dialécticamente, la restauración total es exactamente lo opuesto de lo que la gente percibe: es un “progreso” en los modelos de perversión de lo político y la política.
Plantearse regresar al “parlamentarismo tradicional”, lo que en Guatemala hasta las fuerzas progresistas llaman “rescatar el Estado de derecho”, no es solo antihistórico, sino que es en el presente antipolítico, si por político entendemos el arte de lo posible. Pues la noción de “rescatar el Estado” en las condiciones que prevalecen de Guatemala y a juzgar por el discurso tibio que siempre ha caracterizado al centrismo chapín, significa buscar cambios que no cambian nada, cambiar las figuras e incluso los grupos que ocupan el escenario político coyuntural sin cambiar el escenario político estratégico y, mucho menos, todo el trasfondo y entramado institucional y estructural que favorecen, por diseño, a los grupos del bloque restaurador en el poder.
Una clave para entender el “corporativismo” de la restauración total la encontramos en sus contrataciones y en sus programas sociales clientelistas y condicionados destinados a construir y expandir su propia sociedad civil con todo y sus prácticas y discursos ideológicos de subalternismo neoliberal. Esto es solo una parte pequeña de una estrategia más amplia y profunda, vinculada al parlamentarismo negro y al corrupto proyecto restaurador, como estrategia legitimadora que han elaborado para las elecciones de 2023. Aquí un reporte del diario La Hora que ilustra esto perfectamente:
“Dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 recién aprobado por los diputados del Congreso de la República y que se incrementó por más de Q3 mil 148.9 millones de la propuesta planteada por el Ministerio de Finanzas, se incluyó a diversas instituciones y oenegés. Entre las oenegés que recibirán recursos se encuentra la Fundación de la Coalición Nacional de Organizaciones Guatemaltecas (Conguate), con una asignación presupuestaria de Q5 millones para ejecutar en 2023; para este año que está por concluir tuvo a su disposición Q7 millones. El diputado y jefe del bloque de VAMOS, Carlos Roberto Calderón fue el presidente de la Fundación Conguate.”
Otro ejemplo de corporativismo restaurador lo da la relación del Estado integral con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). Aunque la figura de Joviel Acevedo se ha convertido en un actor clave capaz de movilizar bases civiles importantes como clienteleas electorales de varios gobiernos de turno, en el momento presente quizás gozan de más influencia que nunca. En otra nota del diario La Hora leemos:
La ministra de Educación, Claudia Ruiz, dio a conocer que dentro del presupuesto de 2023 se tiene destinado el 3 por ciento de reajuste salarial. “Ya está presupuestado para el 2023 y es el 3 por ciento de cada uno de los docentes según la clase escalafonaria”, afirmó. El sindicato de magisterio recibirá el 3 por ciento de aumento, como estipula el pacto colectivo, de acuerdo con la ministra Ruiz. El 29 de septiembre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que dirige Joviel Acevedo, realizó una marcha que inició en la Plaza Obelisco de la zona 10 capitalina y finalizó en el Congreso de la República, para manifestar en favor del Presupuesto de la Nación 2023.
De igual modo podemos ver lo que está ocurriendo con los CODEDES y su función subalternista y de apoyo electoral para 2023. Como lo reporta La Hora:
El 10 de junio, el Congreso de la República reformó el Decreto 16-2021, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para que los fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que no se utilicen durante este ejercicio fiscal sean ejecutados en el 2023. De acuerdo con las reformas, se derogó el último párrafo del artículo 41, en donde indicaba: “Aquellos proyectos que los Codedes tengan saldos en la Cuenta Única del Tesoro y no hayan sido desembolsados los pagos correspondientes a las Unidades Ejecutoras, previo a que el Ministerio de Finanzas Públicas realice desembolsos a los mismos, deberán utilizar dichos saldos”. Con ello, los Codedes podrán utilizar los fondos el próximo año, ya que no serán trasladados al Ejecutivo para ser incluidos en el Fondo Común.
Todo este proceso es parte de una estrategia política y electoral para consolidar el parlamentarismo negro dentro del proyecto restaurador que incluye políticas de exclusión de candidatos/as, bloqueo de partidos, criminalización de supuestas “campañas anticipadas” y favorecer a las municipalidades que puedan ofrecer el mayor clientelismo. Como lo pone La Hora: “el partido VAMOS impulsa una estrategia en la que 200 alcaldes deberán dotar de al menos 1 millón de votos al candidato presidencial que le permita competir por la segunda vuelta y colocar una cantidad considerable de diputados con Miguel Martínez, extitular del extinto Centro de Gobierno a la cabeza, en el Congreso de la República”.
Por encima de todo esto, es una estrategia más amplia de guerra jurídica contra el reformismo liberal y una guerra de posiciones contra toda posibilidad de construir una articulación democrática, rupturista y refundadora.
Para las fuerzas de La Plaza, los movimientos sociales indígenas y refundacionales y partidos progresistas es, por tanto, importante entender que las dinámicas de la restauración, su forma de guerra de posiciones y revolución pasiva (contrarefundación) imponen una forma de lucha que no ha podido expresarse de nuevo con otro levantamiento de la indignidad como en 2015 y 2020 (el retorno de La Plaza durante el #21N) y que tampoco ha sido suficiente para impulsar de modo claro y decisivo un proceso de articulación democrático, rupturista y refundador entre las fuerzas que se piensan a sí mismas como progresistas. No concuerdo con la tesis trotskista del pensador argentino Juan Dal Maso cuando escribe que:
“La dinámica de desarrollo de las fuerzas ‘constreñidas’ por la restauración o la dirección reformista crean las condiciones para una nueva transformación de la guerra de posición en guerra de maniobra, es decir, la combinación de una lucha prolongada de carácter preparatorio y un levantamiento de masas simultáneo” (Dal Maso, Hegemony and Class Struggle Trotsky, Gramsci and Marxism, Palgrave: 2021, p. 186).
Mi argumento es que en las condiciones del presente latinoamericano, lo que incluye a Guatemala, las “restauraciones”, incluyendo el parlamentarismo negro, son parte de las condiciones ya dadas que nos permiten hablar de nuevas refundaciones como proyectos enteramente necesarios y posibles, aunque no fáciles de construir. Si es cierto que, como dice Dal Maso, “las fuerzas constreñidas por el reformismo puedan orientarse en un sentido autónomo e independiente”, aunque también “pueden allanar el camino para el ascenso de corrientes abiertamente reaccionarias”, también es cierto que las fuerzas que ya han cultivado formas autónomas e independientes de organización, como en el caso de los movimientos sociales e indígenas, algunos colectivos progresistas que surgieron de La Plaza en 2015 y algunas organizaciones civiles que ha transitado de la una mera defensa de los Acuerdos de Paz a una crítica al parlamentarismo negro y al proyecto restaurador, deben hoy también construir una articulación democrática, rupturista refundadora y de ninguna manera plantearse un retorno suicida a una prolongada “guerra de maniobra”.
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Nota: He tomado las citas de los Cuadernos de la cárcel de los Quaderni del carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di Valentino Gerratana, Torino, Einaudi, 2001. He utilizado la versión en español de Cuadernos de la cárcel, Ediciones Era, México D.F., 1984. Todas las referencias incluyen las letras C = Cuaderno y § = número de nota. Donde es posible he incluido también la fecha aproximada de la redacción de las notas.