Se consolida el fraude en el proceso electoral de Guatemala
Se ha consolidado el fraude en el proceso electoral de Guatemala.
Ya vimos como la exclusión de Thelma Cabrera y Jordán Rodas del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) fue hecha posible mobilizando al actual Procurador de los Derechos Humanos y alfil clave del proyecto político de la restauración total de corrupción, cooptación e impunidad, José Alejandro Córdova, quien presentó una denuncia por supuesto incumplimiento de deberes y supuesta “anomalía” en los documentos que Rodas presentó para solicitar sus prestaciones laborales. A esta denuncia se le agregó el ataque de la Contraloría General de Cuentas (CGC) contra Rodas que, para fines de enero 2023, resultó invalidando el mismo “finiquito” que le habían expedido en diciembre de 2022 y registrando los cargos que posteriormente le habían iniciado tanto la PDH como la misma CGC a efecto de que el TSE les negara la inscripción.
Conocemos también la exclusión de Roberto Arzú García-Granados del partido Podemos lograda por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido clave dentro del Pacto de Corruptos, que irónicamente interpuso un recurso de nulidad contra Arzú por supuestamente incurrir en campaña anticipada.
De igual modo conocemos la exclusión de Carlos Pineda del partido Prosperidad Ciudadana como resultado de un amparo promovido por el partido Cambio, el partido de cartón propiedad del clan criminal de los Baldizón, que “dejó en suspenso la resolución emitida por la Dirección General del Registro de Ciudadanos de fecha 12 de diciembre del 2022, en virtud de la cual se inscribió la Certificación del acta 1-2022 que documentó la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria de Prosperidad Ciudadana.”
Cuando todos/as estos/as candidatos/as afirman que su exclusión se debe a razones políticas, cuando dicen que “las mafias organizadas” pretenden dejar fuera a candidaturas decentes, tienen toda la razón. Es más, bajo estas circunstancias políticas parece imposible no sospechar el peor tipo de conspiraciones maquiavélicas por parte de los grupos de poder, el Pacto de Corruptos y sus respectivas organizaciones civiles y sicarios jurídicos. Pero lo que tenemos que hacer es entender las razones políticas detrás de todo esto para dilucidar el curso y posible resultado de estas “elecciones”.
Mi hipótesis: La Corte de Constitucionalidad (CC), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Registro de Ciudadnanos (RG) y Tribunal Supremo Electoral (TSE) han maniobrado con mucha eficiencia oscura y han dejado en en el presente ciclo electoral solamente alfiles con maquillaje distinto, pero todos/as cholos/as de los grupos de poder, sobre todo el CACIF, demandando cuotas específicas de autonomía y enfatizando aspectos distintos como más cuota de corrupción permitida, impunidad, accesso a recursos privados o clientelismo.
El proyecto de Torres demanda más clientelismo que el proyecto de Ríos, que supone más impunidad. Aunque Edmond Mulet arrastra su propio legado de escándalos, acusaciones y tachas, su proyecto supone más decoro, formalidad, retórica anti-corrupción y discurso de defensa de la Constitución y los derechos humanos con, además, una defensa más clara de la "certeza jurídica" que sirve de respaldo y legitimidad para el proyecto extractivista del CACIF.
Uno de los escándalos que arrastra Mulet son las acusaciones de abusos contra los derechos humanos durante su tiempo como jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) en 2010-2011. Críticos reportan que la misión fue responsable de numerosos abusos contra los derechos humanos incluida la explotación y los abusos sexuales por parte del personal de la ONU. Según los reportes Mulet no tomó las medidas adecuadas para abordar estos problemas e incluso “obstaculizó una investigación iniciada por las autoridades haitianas.”
Aparte del escándalo como jefe de MINUSTAH, a Mulet lo persigue el caso de las “adopciones irregulares cometidas entre 1977 y 2008, cuando no existía el Consejo Nacional de Adopciones y los procesos estaban vinculados con trata de personas.” En efecto, como escribe Pavel Gerardo Vega:
Más de 35 mil niños y niñas fueron dados en adopción durante esa época. Era un negocio de estructuras criminales que procuraba una ganancia de unos US$200 millones al año. A finales de 1981, un Mulet que comenzaba sus treintas fue apresado por la Policía Nacional, junto a mujeres canadienses y guatemaltecas. Todo sucedió en un hotel de la zona 10 capitalina, donde era habitual observar a grupos de niños que serían adoptados por extranjeros. La historia fue documentada por Plaza Pública en 2015, y presenta evidencias que contrastan con la versión de Mulet sobre el caso. El abogado y las demás personas capturadas fueron liberadas pocos días después, pero la mancha en el récord del presidenciable sigue abarcando titulares, pues existe ambigüedad en sus declaraciones.
A pesar de los escándalos que él arrastra, la ventaja legal de Mulet es que no tiene impedimentos legales o las trabas más obvias que tiene Torres (incluyendo su encarcelamiento por financiamiento electoral no permitido) o Ríos (con obvia prohibición constitucional). Aunque para Mulet toda la “campaña negra” y las acciones legales en su contra no hacen sino confirmar que su campaña va por el carril restaurador correcto, Pavel Gerardo Vega argumenta correctamente que “el proyecto político nació alimentado por viejos partidos y caciques que buscan retener el poder”.
Los costos-beneficios de todos estos balances y acuerdos están ahorita siendo finalizados entre los grupos de poder y las instituciones del Estado corrupto y cooptado no se han quedado como actores neutrales simplemente velando por la pureza y transparencia del proceso electoral. Están velando por el proyecto restaurador y garantizando el éxito de su transición a la próxima etapa.
El proceso de depuración de candidaturas procede, por tanto, de acuerdo a una perversión total del sistema establecido en 1985 y en base a los requerimeintos del proyecto restaurador, instalado en 2016, que busca hoy nuevos equilibrios para el próximo congreso. Mi hipótesis es que el nuevo equilibrios es el de un parlamentarismo negro como la próxima etapa del proyecto de la restauración total de corrupción, cooptación e impunidad.
Como ya lo definimos en otro comentario:
En Guatemala, los grupos del poder político (como los partidos FCN, Vamos, Creo, Todos, etc.), militar (Avemilgua y Fundación contra el Terrorismo), empresarial (CACIF y sus organizaciones satélites como Fundesa) y civil (Liga Pro Patria, MCN, etc.) y su proyecto corrupto restaurador han visto una amenaza mortal en los reportes de la CICIG que desnudaron al Estado, revelaron la profunda corrupción del sistema político y desataron con todo ello una crisis de hegemonía. También ven una amenaza mortal en las propuestas refundacionales de Codeca, CPO y Waqib Kej que han surgido en el país en la última década y en los solamente incipientes esfuerzos de construir una articulación democrática, rupturista y refundadora. Ante una crisis que amenaza la sobrevivencia del poder soberano, la opción más coherente y soberana para los grupos de poder consiste en el abandono de consideraciones morales, jurídicas y democráticas y la adopción de un “estado de excepción” en donde una situación de golpe constitucional (como lo representa la falta de elección para nuevos/as magistrados/as a la CSJ en total desacato de una resolución explícita de la CC) se convierte en una situación de legitimidad soberana. En este contexto, aunque mantienen la forma de un sistema republicano de gobierno, todo/a juez/a o fiscal que actúe de modo estrictamente moral y jurídico, con apego al sistema de justicia vigente (aunque el mismo haya sido diseñado en principio con agujeros jurídicos que garantizan privilegios, impunidad y excepciones para los grupos del poder), ya no digamos con apego a principios morales del bien común o social (incluso como los mismos son definidos en la Constitución del 85), es por tanto acusado/a de “prevaricato”. El “delito” de prevaricato surge y es vito como una falla en afirmar la soberanía incluso por encima del sistema legal. Dicha falla es suficiente para justificar una guerra jurídica contra los/as enemigos/as de la soberanía nacional.
En Guatemala, por tanto, el parlamentarismo negro representa una negación total de 2015, los Acuerdos de Paz e incluso el modelo constitucional, neoliberal pero semi garantista, del 85. Es un proyecto revestido de cumplimiento de la constitución por medio de una CC totalmente corrupta que la niega.
En el contexto restaurador presente la afirmación soberana de la constitución significa, en realidad, su negación. Por tanto, son las fuerzas refundacionales las únicas que, en base a una articulación que no fueron capaces de construir, habrían podido negar la negación del proyecto de la restauración.