De la resistencia a la articulación
Un interregno de 106 días que sacudieron a Guatemala
Introducción
Se dice y escribe muy frecuentemente, incluso en los anuncios de agencias de turismo, que Guatemala es un país de rica diversidad étnica y cultural. Lo que no se dice es que en este país las multitudes subalternas luchan a diario por el derecho a tener derechos, por el derecho básico a vivir, por el derecho a ser quienes son, ya sean Pueblos Originarios o pueblos mestizos, históricamente dividos por el racismo, la discriminación y la exclusión.
A pesar de la ratificación de importantes acuerdos internacionales, incluido el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la adopción oficial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, la realidad cotidiana de los Pueblos Originarios y de innumerables otros pueblos pobres por todo el país, refleja una brecha significativa entre el compromiso oficial y la práctica real, entre el discurso del desarrollo sostenible y las promesas de cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la práctica efectiva que han impuesto la ideología y el proyecto dominante del CACIF y los proyectos políticos corruptos y saqueadores que han ido de la mano con la implementación de la doctrina del shock del neoliberalismo. No sorprende para nada, por lo tanto, que el gobierno de Alejandro Giammattei le haya dado el tiro de gracia al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) firmado en 1996 como parte de los Acuerdos de Paz, así como a toda la institucionalidad de la paz que, con muchos esfuerzos, luchas y retrocesos, había venido sirviendo de espacio organizativo y político para muchas organizaciones de la sociedad civil incubada al calor de todo este proceso.
Con una población de 17,1 millones de habitantes, Guatemala alberga oficialmente al menos 6,5 millones de personas que pertenecen a los pueblos indígenas, incluidos los Mayas, Garífuna y Xinka. Según otros cálculos, sin embargo, estos pueblos en realidad constituyen más del 75% de la población, con el restante 25% compuesto por los “ladinos” o “mestizos” (una categoría resbaloza) y la población eurodescendiente o “blanca” que se mantiene incestuosamente homogénea y siempre en la cima de los grupos de poder familiar-empresarial del país. Aunque parezcan exagerados, estos porcentajes parecen reflejar mejor la perceptible realidad demográfica de Guatemala.
Sin embargo, el segmento significativo de las partes que no tienen parte, los Pueblos Mayas, Garífuna y Xinca, enfrentan penuria y necesidad extrema en los campos de salud, educación, empleo, recursos (ya sean propiedades, ahorros o inversiones) e ingresos mínimos, una situación exacerbada por un racismo estructural arraigado que sigue alimentando la desigualdad y exclusión neocolonialista. La discriminación se manifiesta aún más profundamente contra las mujeres indígenas, quienes soportan las cargas más pesadas de esta desventaja sistémica, aparte de soportar las cargas ya propias de su propia cultura.
Los cuatro años de gobierno de Alejandro Giammattei, en particular, fueron un periodo marcado por la negación de derechos y la falta de respuestas significativas a las demandas de los Pueblos Originarios. Basta examinar dos escándalos de incompetencia, corrupción y desfalco, así como el interregno entre el golpe electoral y el nacimiento de la Nueva Primavera, para ilustrar el impacto profundamente devastador que tuvo esta presidencia sobre la población subalterna de Guatemala.
El desastre que fue la pandemia
La pandemia de COVID-19 y la crisis social, económica y política del país han agravado aún más sus condiciones de vida. La pandemia de la COVID-19 en Guatemala fue anunciada oficialmente el 13 de marzo de 2020 por Giammattei. El primer caso en ser detectado fue el de un hombre originario del departamento de El Quiché quien había regresado de un viaje de Italia. El 12 de julio de 2020 Giammattei pronunció su infame discurso de “sálvece quien pueda”. Pero esto no quiere decir que no tomaron medidas supuestamente sanitarias que tuvieron un impacto desigual entre la población subalterna, sobre todo entre los Pueblos Originarios, y la población más vinculada a la economía dominante cacifista.
Como lo ponen Felipe Gómez (Maya k’iche’ del Centro de Investigación de la Ciencia Maya Oxlajuj B’aqtun, miembro del Consejo Directivo del Consorcio ICCA en especial para Mesoamérica y el Caribe y miembro colaborador del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas y Proyectos Extractivistas CLACSO), Jeremías Hernández (Coordinación Técnica de la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’orti’ Nuevo Día) y Luis Ochoa Fuentes (periodista e investigador social con el Comité de Defensa de los Territorios de Vida y Defensores del Consorcio TICCA y Grupo de Trabajo CLACSO Pueblos Indígenas y proyectos extractivos):
Las medidas para atender la emergencia se implementan desde arriba hacia abajo, desde la visión de una cúpula económica y el gobierno, sin tomar en cuenta las dinámicas sociales y de comercio en las comunidades. Las personas no pudieron salir a trabajar y se limitó el horario de los mercados campesinos y populares, pero se garantizó que los supermercados o cadenas de comercio pudieran seguir trabajando. Miles de personas ya no podían vender en los mercados o en sus pequeños negocios. Quienes mantenían alguna forma de empleo, que les garantizaba obtener alimentos para cada día, han perdido el mismo, afectando especialmente a aquellas personas que ya no podían trasladarse desde sus comunidades hacia su lugar de trabajo o para vender sus productos.
Aunque el gobierno garantizó que la industria alimentaria y otros sectores clave de la economía continuaran funcionando, la economía familiar fue la primera en verse afectada. Las personas no podían generar ingresos para garantizar sus alimentos y a una semana de establecidas las medidas, ya había escasez de alimentos especialmente en áreas empobrecidas urbanas y algunas comunidades rurales. A dos meses de la pandemia, es común ver en orillas de carreteras o en la ciudad a personas con banderas blancas, pidiendo apoyo de alimentos para enfrentar la crisis que están viviendo. Se teme que en los próximos meses la situación de desnutrición aguda y crónica se incremente, especialmente en comunidades más empobrecidas y aquellas que se encuentran dentro del denominado “corredor seco”, que en su mayoría son comunidades indígenas. El inicio de las lluvias a finales de abril y principios de mayo también podría representar mayor riesgo a la población con el brote de enfermedades asociadas a la época.
Por su parte, las grandes empresas sí continuaron trabajando en los territorios. Los proyectos extractivistas de minería, construcción de hidroeléctricas o instalación de torres de conducción eléctrica de alta tensión, las plantaciones de monocultivos de palma aceitera o caña de azúcar, así como las obras del Corredor Interoceánico siguieron operando e incrementaron sus actividades durante la cuarentena. Desde diversas comunidades denuncian que las empresas continuaron sus actividades, aún en horarios de toque de queda. Muchas de esas empresas tienen permisos vencidos o hay acciones jurídicas que favorecen a las comunidades indígenas y que prohíben cualquier actividad en sus territorios. Con las restricciones a la movilidad y locomoción impuesta por el gobierno, ha sido más difícil continuar con las acciones en defensa de los territorios de vida y los defensores. Paralelamente, se incrementaron las acciones de intimidación, amenazas y coacción hacia los líderes, autoridades indígenas y comunitarias, así como contra diversas organizaciones campesinas, activistas sociales e incluso periodistas.
Las medidas de confinamiento impuestas por Giammattei, incluyendo un toque de queda, restricciones de viaje y transporte limitado dieron inicio el 22 de marzo de 2020. Además, el ministerio de Salud (MSPAS) creó un “tablero de alertas” que sirvió para ordenar a los 340 municipios por colores dependiendo de la presencia del virus en cada lugar. El tablero de alertas sigue siendo actualizado hasta el presente. Pero las restricciones fueron inconsistentes, desiguales, erráticas y, en muchos casos, sobre todo en el caso de los grupos demográficos más excluídos y oprimidos, su impacto fue devastador. Como lo argumentan Gómez, Hernández y Ochoa Fuentes:
Las mujeres han sufrido de forma distinta la pandemia. La violencia contra la mujer y violaciones sexuales también han visto repunte durante la pandemia, debiendo muchas mujeres convivir con sus agresores ya sea en el hogar o en sus propias comunidades, debido a las medidas de confinamiento. Las mujeres también se ven más presionadas con el incremento de las labores de trabajo en casa, de cuidado de personas vulnerables (niños, niñas y ancianos); así como las demandas para que garanticen los alimentos diarios en la familia. Por su parte, muchas niñas y niños también son abusados sexualmente o viven violencia intrafamiliar, casos que no se denuncian.
No todo es un paraíso de consenso y harmonía en las comunidades indígenas, rurales o incluso urbanas (ladino-mestizas) donde reina la subalternidad de Xibalbá.
Tres años más tarde, en agosto de 2023, cuando se confirma la victoria de Arévalo y Herrera en la segunda ronda de elecciones presidenciales/vicepresidenciales, Guatemala llegó a la cifra de 1,275,617 casos confirmados, 1,253,711 recuperados y 20,253 fallecidos por el virus o por efectos secundarios del mismo. Como bien lo apunta el diario La Hora, “organizaciones sociales calculan que el subregistro pudo haber sumado miles de decesos más.” Este es uno de esos vectores sociales claves, no encuestados y poco comentados, que sin embargo jugaron un papel clave, aunque silencioso, en la derrota de los partidos de la derecha corrupta, incluyendo el partido de Giammattei, en las elecciones presidenciales/videpresidenciales.
En cuanto a los costos, préstamos e inversiones por la pandemia, María Aguilar e Irmalicia Velásquez Nimatuj lo resumen perfectamente para el medio Ocote:
En nombre de la pandemia, el 24 de marzo de 2020, Giammattei negoció, con las y los diputados que le apoyaban, la aprobación de un préstamo de “emergencia nacional” con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por $450 millones. El 3 de abril a través del Decreto 13-2020 logró la aprobación de una ampliación presupuestaria por $1,400 millones mediante bonos del tesoro a través del Banco de Guatemala; y el 10 de junio otro préstamo del Banco Mundial por $594 millones.
En total, de marzo a junio de 2020, Giammattei obtuvo 2,444 millones de dólares los cuales no se invirtieron en las urgencias para mantener a flote hospitales y servicios médicos, mucho menos para dar un pago digno a los equipos humanos que atendían diariamente a enfermos.
El dinero tampoco fue para enfrentar la agudización de la pobreza o palear la hambruna ante la carencia de ingresos. Por el contrario, mientras la mayoría de los sectores agonizaban en pandemia, la estructura creada por Giammattei-Martínez era utilizada para derrochar el dinero de los préstamos como si se tratara de sus cuentas privadas.
La forma cínica con la que Giammattei y gente de su círculo cercano explotaron la pandemia para enriquecerse ha causado enorme destrucción e indignación en Guatemala. Aquí un resumen hecho en mayo de 2021 por el medio Soy502:
El escándalo por las vacunas Sputnik V, las cuales siguen sin arribar al país, registró un nuevo capítulo durante el fin de semana luego de que un medio de comunicación asegurara que Guatemala habría sido víctima de estafa y que utilizaron un intermediario para acceder a las dosis. Esto no solo fue desmentido por el Gobierno sino que las autoridades compartieron detalles sobre el contrato con Rusia.
Durante la mañana de este lunes 3 de mayo, la ministra de Salud, Amelia Flores, explicó en el programa de "A primera hora" en Emisoras Unidas, que desde un inicio se negoció con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés).
“Nosotros nunca negociamos con intermediarios, lo hicimos con el Fondo Ruso y eso está totalmente documentado. Ellos entre su estructura de Gobierno tienen asignado a Human Vaccine para que ellos intervengan en la negociación. Nunca negociamos con ellos, sino con el Fondo Ruso”, explicó la Flores.
Guatemala ya hizo un primer pago Q614.5 millones por un primer lote de vacunas. En total, Guatemala suscribió un contrato con Rusia para adquirir 16 millones de dosis. Estas servirán para vacunar a 8 millones de guatemaltecos.
Añadiendo sal a la herida, es decir, corrupción criminal encima de un escándalo en la adquisisión de las vacunas, el medio Prensa Libre reportó lo siguiente en abril de 2022:
Los últimos lotes de vacunas Sputnik V con los que contaba el país para inocular a los guatemaltecos contra el covid-19 vencen este sábado 30 de abril. Hace 10 días en el Centro Nacional de Biológicos había almacenadas un millón 15 mil 806 dosis, ocho de cada diez eran del segundo componente.
Esta escena se ha repetido varias veces este año, pues el pasado 31 de marzo se vencieron 2 millones 901 mil 632 dosis, y el 28 de febrero fue un millón 61 mil 412 de vacunas rusas las que caducaron.
[Esto signifca que] seis de cada 10 de las dosis que Guatemala compró [sobrevaloradamente] a Human Vaccine se habrían vencido y, según lo establece el acuerdo ministerial 534-2011, tendrán que ser destruidas.
Según Prensa Libre, algo similar ocurrió con las vacunas AstraZeneca, “son 520 mil 940 dosis. El precio de estas oscila en Q33 cada una, por lo que la pérdida asciende a Q17 millones 191 mil, sin tomar en cuenta el flete.”
El total de gasto en vacunas y pruebas, según el medio La Hora, llegó a lo siguiente:
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) gastó en cuatro años al menos Q329 millones 489 mil en la compra de pruebas, según detalla una plataforma tecnológica que utiliza La Hora y que recopila información del portal Guatecompras.
El 2021, el año que la pandemia golpeó con mayor fuerza por el surgimiento de la variante Delta, fue cuando más contratos se adjudicaron, en total Q195 millones. En 2020 fueron Q112.8 millones; en 2022, Q16.3 millones, y en 2023, Q4.9 millones.
Mucho de este dinero se utilizó de modo corrupto y en la adquisión de “pruebas falsa”. Por ejemplo, según el reporte de La Hora, “dentro de las empresas incluidas en el top 10 resalta Kron Científica e Industrial, que en febrero de 2021 fue denunciada en el Ministerio Público por el MSPAS, debido a la venta de 30 mil pruebas falsas por más de Q7.3 millones.”
Pero es también el vínculo de todo esto con el círculo de poder y corrupción más íntimo de Giammattei lo que ha quedado ahora al desnudo. Como también lo reportó recientemente el medio La Hora:
El 1 de diciembre de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó bajo la Ley Magnistky a Miguel Martínez, la pareja del expresidente Giammattei, por supuestamente participar en «esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales».
Martínez llegó a ostentar un cargo público por medio de la creación de una nueva institución dentro del Organismo Ejecutivo. Dicha oficina, liderada por la pareja de Giammattei, recibió el nombre de Centro de Gobierno, pero ante críticas el exmandatario extinguió la dependencia.
El Gobierno estadounidense sostiene que Martínez supuestamente recibió sobornos para «pactar un contrato de 16 millones de vacunas Sputnik-V adquiridas por el Gobierno a Rusia durante la emergencia del COVID-19 en 2021».
Ya en noviembre del 2020, como escriben Aguilar y Velásquez Nimatuj, “frente al hambre, desesperación, desempleo e incertidumbre debido al mal manejo de las finanzas públicas durante la pandemia, la población salió a las calles, exigiendo la renuncia de Giammattei. Para detener la ira de la población el presidente ordenó arremeter contra mujeres, encarcelar familias que protestaban, golpear a estudiantes y periodistas e infiltró las manifestaciones con grupos de choque para ejercer y justificar la violencia estatal.”
Las movilizaciones contra la ineptitud criminal y la corrupción en el combate a la pandemia continuaron en 2022. Pero lo mismo ocurrió con la criminalización de las comunidades indígenas y campesinas que defienden sus tierras y territorios ancestrales, especialmente en áreas codiciadas por intereses empresariales en minería, palma de aceite y otros recursos naturales. Aguilar y Nimatuj: “El Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, denunció la pérdida de dirigentes comunitarios por hechos violentos que el Estado jamás investigó.” La violenta respuesta del gobierno a estas comunidades contrasta agudamente con la protección ofrecida a los intereses empresariales, dejando en evidencia una preocupante priorización de los beneficios económicos sobre los derechos humanos y ambientales. Los Pueblos Originarios y varios movimientos sociales respondieron al desastroso gobierno de Giammattei, así como de la infamia, corrupción e impunidad del MP, con protestas nacionales:
Diversas organizaciones indígenas realizaron durante el 2022 varias actividades en protesta contra la falta de acciones gubernamentales para atender temas claves relacionados con los derechos humanos, los Acuerdos de Paz, la lucha contra la corrupción y el ejercicio por una justicia independiente. Uno de los temas centrales fue la protesta contra la reelección de la actual fiscal general para un segundo mandato de cuatro años, a quien las organizaciones indígenas reclaman la persecución contra jueces, periodistas y fiscales que luchaban contra la corrupción y la impunidad. Varios acusados de corrupción (abogados, congresistas, expresidentes y empresarios) han sido liberados o se les han reducido sus procesos, y ahora, con el respaldo del Ministerio Público, encabezan la persecución contra los operadores de justicia que se desempeñaron en la desaparecida Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), y en Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI). El Ministerio Público pidió la captura de 11 fiscales y exfiscales, además de otras personas, algunas de las cuales están encarceladas y otras tienen investigaciones penales, en una clara manifestación de represalia por su lucha contra la corrupción.
Entre los casos más más significativos de persecución se encuentra la captura de Rubén Zamora, director de El Periódico, diario que se caracteriza por su función crítica contra la corrupción y que debido a las presiones se vio obligado a cancelar su versión impresa; la renuncia y posterior exilio del juez Miguel Ángel Gálvez, quien tuvo a su cargo el caso por corrupción contra el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti; y el juicio contra la exfiscal Virginia Laparra, quien investigó casos de corrupción.
La infamia del ogro y su “alfombra mágica”
El 24 de agosto 2021, en medio de la crisis social y sanitaria provocada por la pandemia, la periodista Natalie Kitroeff publicó una investigación periodística en el New York Times que consignaba las declaraciones de un testigo que habría participado en el traslado de una alfombra con dinero a la residencia del presidente Alejandro Giammattei, proveniente de individuos de origen ruso.
El testimonio fue explosivo: en junio, un testigo dijo al principal fiscal anticorrupción de Guatemala que había ido a la casa del presidente y había entregado una alfombra enrollada llena de dinero. La declaración acercó al fiscal, Juan Francisco Sandoval, un paso más hacia un choque frontal con el presidente de Guatemala.
Todo esto encima de que en mayo, un testigo también le había dicho que el presidente había negociado una contribución de campaña por 2,6 millones de dólares a cambio de mantener contratos con el gobierno, según mostraban documentos.
La declaración se dio el 23 de junio 2021 y era una de las pruebas que el presidente le pidió encontrar a Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público (MP). Siete días después de esa declaración, el 30 de junio, Porras se fue a instalar a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en busca de pruebas.
El denunciante, que los investigadores no identificaron para preservar su integridad física, prestó sus servicios como personal de seguridad y detalla en la declaración que en abril fue contactado para involucrarse en el resguardo de una persona extranjera, lo cual empezó a realizar a partir del 26 de ese mismo mes.
La FECI se encontraba indagando al respecto cuando, el 23 de julio, la Fiscal General destituyó a Juan Francisco Sandoval como jefe de la fiscalía y también lo acusó de haber cometido una serie de “vejámenes” en contra de Porras misma.
El significado de Sandoval no puede ser exagerado. Como incluso lo reconoce el medio conservador Prensa Libre:
El fiscal, de 38 años, fue pieza clave para la lucha anticorrupción en Guatemala que tuvo su auge entre 2014 y 2019 de la mano de la jefa del Ministerio Público en aquel momento, Thelma Aldana, y el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez.
Las pesquisas comandadas por Sandoval, Aldana y Velásquez destaparon docenas de casos de corrupción estatal, imputando a más de 200 personas entre ministros, funcionarios, empresarios y también a los expresidentes Otto Pérez Molina (2012-2015) y Álvaro Colom Caballeros (2008-2012).
Este año, ya sin Aldana y Velásquez, el fiscal decía no estar solo en la lucha contra la impunidad en Guatemala porque cuenta con el apoyo de “la sociedad y la comunidad internacional”.
En el transcurso de su ilustre aunque corta carrera, el joven fiscal anticorrupción logró hacer un amargo enemigo de los grupos empresariales más poderosos del país, particularmente el CACIF, los principales financistas de la corrupción en Guatemala. Este oligopolio empresarial del país ya había empezado a hostigar y demandar la renuncia de Sandoval desde por lo menos 2018. Pero fue solo el intento de investigar el caso de la “alfombra mágica” que implicaba directamente al “ogro” de la nación lo que finalmente llevó, después de que así lo demandara Giammattei mismo, a su destitución y eventualmente a su exilio.
En noviembre de 2022, sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al ciudadano ruso, Dmitry Kudryakov, y la ciudadana bielorrusa, Iryna Litviniuk, por corrupción en el sector minero de Guatemala. Los vínculos geopolíticos de esto con la guerra en Ucrania son innegables. Pero cuando lo mismo ocurrió con la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaníquel, el mensaje de Washington adquirió otras connotaciones:
Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaníquel funcionan como subsidiarias de Solway Investment Group, una empresa ruso que ha explotado minas guatemaltecas desde 2011. El líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, el ruso Dmitry Kudryakov (Kudryakov), junto con bielorrusa Irina Litviniuk (Litviniuk), presuntamente dirigieron múltiples esquemas de sobornos durante varios años, involucrando a políticos, jueces y oficiales del gobierno. Además, Litviniuk realizó actos de corrupción, fomentando el tráfico de influencias ruso al dar pagos en efectivo ilegalmente a oficiales públicos a cambio de apoyar los intereses mineros rusos.
Los rusos Kudryakov y Litviniuk estában vinculados a una de las empresas mineras que buscaba una concesión en Puerto Santo Tomás de Castilla en el año 2021 y por lo cual, según reportes no confirmados, buscaban saltarse todos los requerimientos, estudios ambientales y consultas que pudieran ser requeridas y decidieron, en lugar de ello, llevarle una alfombra mágica al ogro de Giammattei directamente a su residencia para lograr aprobación inmediata. Mientras que las empresas mineras denunciadas por Washington han sido parte de la estructura empresarial extractivista en Guatemala que ha estado implicada por décadas en violencia contra activistas y comunidades, así como en el pago de extorsiones y coimas a políticos corruptos a cambio de protección, favores y privilegios.
El interregno: entre el golpe electoral y la Nueva Primavera
En un escenario político de contradiccione agudas y antagonismos sociales crecientes, otro punto de inflexión en la guerra de posiciones, el año 2023 inició con preparativos problemáticos para las elecciones generales programadas para el 25 de junio.
En efecto, el año empezó con la exclusión de candidatos/as claramente opositores al Pacto de Corruptos, como Thelma Cabrera y Jordán Rodas y su partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) (por acciones interpuestas por la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de los Derechos Humanos), la exclusión de Roberto Arzú García-Granados y su partido Podemos (por un recurso del partido FCN-Nación que postuló de nuevo al expresidente Jimmy Morales como candidato a diputado y a su hermano, Sammy Morales, como su candidato presidencial), y la exclusión de Carlos Pineda y su partido Prosperidad Ciudadana (PC) (por un recurso interpuesto contra su asamblea nacional por el clan corrupto y criminal de los Baldizón). Pero todo esto fue solo el comienzo de una elección que ya estaba conceptualmente concluida.
Bajo un manto de legalidad electoral y como firme aliado del Pacto de Corruptos en ese momento, el TSE estaba tomando todos los pasos necesarios y avanzando en sus preparativos para una victoria de cualquiera de los/as candidatos/as favoritos/as del Pacto de Corruptos y del CACIF, ya fuera la candidata de la UNE, Sandra Torres (exconvicta por financiamiento electoral ilícito), la candidata de VALOR, Zury Ríos (hija del genocida Ríos Montt) o el candidato oficial del partido VAMOS, Manuel Conde (favorito de Giammattei y su pareja Miguel Martínez). A pesar de todos los preparativos para un fraude electoral y de modo radicalmente inesperado y aleatorio, sin embargo, fueron Bernardo Arévalo y Karin Herrera quienes resultaron ganando la primera ronda de las elecciones presidenciales/vicepresidentiales el 25 de junio y, como ya es bien sabido, también la segunda ronda el 20 de agosto. La gran falla del TSE había ocurrido y, con ello, la aplicación del guión de Trump para Guatemala: el grito de fraude electoral por parte de las fuerzas corruptas que habían planificado el fraude mismo.
La movilización social, en sus diversas manifestaciones, como las protestas ciudadanas que hemos presenciado en los últimos días, se sustenta en una serie de elementos interconectados. Uno de los factores clave que explican el surgimiento de estas manifestaciones es el agravio, que comprende ofensas o agresiones, ya sean reales o percibidas, que un grupo experimenta. En el contexto guatemalteco, uno de los principales actores identificados como responsables de estos agravios es el Ministerio Público (MP), en particular a través de su Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que ha ejercido presión e intimidación sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluyendo a sus magistrados y al personal encargado del Registro de Ciudadanos. Esto se ha realizado con el evidente propósito de minar la credibilidad del proceso electoral y ejercer influencia con objetivos poco transparentes. Además, el MP ha emprendido acciones en contra del partido y binomio que resultaron victoriosos en las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto, inmediatamente después de que estos avanzaran a la segunda vuelta el 25 de junio, en un intento por descalificarlos de la contienda. Sin embargo, el agravio más profundo ha recaído sobre la población guatemalteca que acudió a las urnas, la cual percibe claramente que su voto está siendo irrespetado. El MP ha llegado al extremo de manipular las actas que documentan el escrutinio de los votos, violentando así un sistema que ha funcionado desde 1985 con la participación de decenas de miles de ciudadanos voluntarios que custodian y garantizan el proceso electoral. De esta manera, el núcleo mismo de la creencia democrática -el conteo de votos- se encuentra bajo asedio en los tribunales, con la complicidad de las altas cortes y los otros dos poderes del Estado.
Los Pueblos Originarios, en particular, recibieron el tan inesperado resultado electoral del 20 de agosto con optimismo, pero también con mucha cautela. Las autoridades de los Pueblos Originarios ven hoy en el nuevo gobierno de Arévalo y Herrera una ventana de oportunidad para avanzar sus reivindicaciones, sus derechos y su propio espacio para promover una articulación indígena, incluso más amplia, que busque estimular cambios más profundos y estructurales que los propuestos por el partido Semilla.
La reacción de los grupos del poder corrupto e impune, por su parte, no se dejaron esperar pues de inmediato pusieron en marcha su nuevo plan trumpista de golpe electoral. Como lo pone el medio La Hora:
Desde que se oficializó que Bernardo Arévalo, de Semilla, estaba en la segunda vuelta de la elección presidencial, el Ministerio Público (MP) a cargo de Consuelo Porras presentó varias acciones penales en contra de la agrupación política e integrantes del ganador del 20 de agosto hasta llegar a pedir la anulación de los resultados electorales, lo cual fue ampliamente visto como un atentado en contra de la raquítica y amenazada democracia que, gracias en gran parte al activismo ciudadano, apenas sobrevive en Guatemala. Los encargados de concretar el golpe a la democracia cumplían con un guión espeluznantemente diseñado por las fuerzas trumpistas en Estados Unidos. Entre los ejecutores del plan están Herbert Armando Melgar Padilla, Shirley Rivera Zaldaña, Javier Hernández Franco y Manuel Conde Orellana.
El proceso espurio y perverso de negar los resultados electorales por parte del Ministerio Público (MP), un verdadero interregno donde los monstruos se desesperaron, empujó de nuevo al presidente electo Arévalo, ya el primero de septiembre, a hacer un llamado a la ciudadanía a resistir el “golpe de Estado”. Al siguiente día, el 2 de septiembre, las plazas del país comenzaron a abarrotare de nuevo con protestas ciudadanas demandando la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del fiscal Rafael Curruchiche. El 5 de septiembre las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán retornaron a la sede del MP en el barrio Gerona de la Ciudad de Guatemala y le dieron un plazo de 48 horas a Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana para que renuciaran. El 12 de septiembre el presidente electo Arévalo también reiteró su llamado a la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana al mismo tiempo que anunció la suspensión temporal de su participación en el proceso de transición de gobierno. El 14 de septiembre Arévalo convocó a la ciudadanía a rechazar la corrupción diciendo: “se viene el huracán”. El 15 de septiembre 48 Cantones y alcaldes indígenas de nuevo piden destitución de Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana.
Las demandas y protestas a inicios de septiembre no tuvieron efecto. El golpe electoral siguió adelante y puede ser resumido del siguiente modo:
La guerra tenía que iniciar con aquellos a quienes el Pacto de Corruptos culpó más directamente por haber fracasado en la implementación del fraude electoral planeado desde comienzos de 2023 y por haber dejado que se les colara el partido Semilla tanto en la primera ronda electoral del 25 de junio y, peor aún, en la segunda ronda del 20 de agosto: el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Quienes habían iniciado el año 2023 haciendo preparativos para un eventual triunfo del Pacto de Corruptos, ahora también se habían convertido en sus enemigos. Por ello la Fiscalía de Delitos Electorales presentó una solicitud de retiro de antejuicio para investigar a los/as cinco magistrados/as titulares del TSE acusándolos/as de los delitos de “abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes”. Esto lo justificaron en base a una denuncia espuria interpuesta por el partido UNE, impulsado por su tres-veces fracasada secretaria general y candidata presidencial Sandra Torres, exconvicta por financiamiento electoral ilícito, debido a un supuesto “fraude electoral”.
La guerra se intensificó cuando el hoy infame juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal A, autorizó diligencias claramente espurias y antidemocráticas contra los resultados electorales. Recordemos que Orellana fue agregado a la Lista Engel en julio de 2023 junto a la fiscal Cinthia Monterroso, Jimi Bremer, Joviel Acevedo, Lesther Castellanos, Walter Mazariegos y otros/as. El 12 y 13 de septiembre de 2023 el Ministerio Público (MP) desarrolló allanamientos en las bodegas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ubicadas en el Parque de la Industria, en la zona 9 capitalina, en donde se resguardan los votos de las elecciones del 25 de junio. Luego, el 14 de septiembre el MP hizo un allanamiento en las instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ubicadas en el Parque de la Industria, en la zona 9 de la Ciudad Capital. Trivializando el significado de las cajas electorales, Curruchiche informó que buscaban abrir 160 cajas electorales y que “una caja es simplemente una caja, un indicio como cualquier allanamiento”. Ante todo esto, Arévalo decidió suspender la transición presidencial temporalmente y el partido Movimiento Semilla presentó un amparo ante la CC buscando detener los cateos del MP en el COPE.
El jueves 14 de septiembre la Corte de Constitucionalidad (CC) se lavó las manos, como ha sido típico en todo caso donde han estado en juego acciones fundamentales del MP bajo Consuelo Porras, y remitió un amparo presentado por el partido Movimiento Semilla a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el cual buscaba que dejara sin efecto la resolución del titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, en base a la cual la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) estaba realizando sus allanamientos.
El 15 de septiembre, día de la Independencia Nacional, ya no como candidato presidential sino como presidente electo, ya no sonando como un novato de la política sino como un personaje que la historia volvió central en la misma y que empezaba a asumir su propio destino y responsabilidad, resignificando la idea de “el candidato blanco y el huracán” (como se titula una obra autobiográfica de su padre, Juan José Arévalo), Bernando Arévalo convocó a la ciudadanía a que rechazaran la corrupción y advirtió, en tono muy sombrío, que “se viene el huracán”.
Una de las primeras respuestas al proceso de golpe electoral y, también podemos decir que a la convocatoria de Arévalo, vino de un movimiento que durante todo el proceso electoral había expresado reservas sobre el centrismo de Arévalo y su demasiada cercanía al Departamento de Estado. El 19 septiembre el Movimiento de Desarrollo Campesino (CODECA) organizó un paro nacional tomando y paralizando al menos 12 carreteras del país y, con ello, abiertamente antagonizando al poder del CACIF. Las demandas de CODECA, en esta ocasión, fueron las mismas demandas de La Plaza, 48 Cantones y otros sectores sociales luchando por la defensa del voto ciudadano y contra el golpe electoral. Enn todo momento dejaron claro que no era un para en defensa de ningún partido, sino que en defensa de la democracia misma. Aunque este paro tampoco resultó en la renuncia de ningún operador/a de la corrupción y la impunidad, el mismo sí representó un intento más por articular la resistencia al golpe electoral y sentar las bases para que una posible instalación de Arévalo y Herrera en el poder ejecutivo pueda resultar en cambios estructurales más amplios y profundos para los/as de abajo, los/as más excluídos y los/as más ignorados/as y criminalizados/as durante los últimos 30 o 40 años.
A pesar del constate ataque violento y muchas veces letal contra sus bases y sus militantes, el esfuerzo de CODECA fue muy significativo, pero el proceso espurio de negar los resultados electorales e implementar un golpe electoral en favor de las opciones corruptas que estaba llevando a cabo el MP siguió adelante:
El 22 de septiembre la Fiscalía de Delitos Administrativos (FDA) del Ministerio Público (MP) inició la investigación sobre la compra del programa informático para la Transmisión de Resultados Electorales (TREP), adquirido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). De esa cuenta, citó a declarar a sus oficinas al Jefe de Compras y dos auditores del órgano electoral. Esto es algo a lo que, de no haber ganado las elecciones Arévalo y Herrera, nunca hubiera sido objeto de investigación alguna por parte de este MP pues había sido algo orgánico al proceso de fraude que habían planeado desde inicios de 2023.
El 27 de septiembre la CSJ rechaza toda solicitud de antejuicio contra jueces corruptos y la problemática fiscal general cimentando con ello la coraza de la impunidad y la corrupción.
El 29 de septiembre el MP retomó el proceso de allanamientos a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la cual realizó un nuevo allanamiento en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en seguimiento a las diligencias en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope), en donde los representantes de la fiscalía abrieron en total 70 cajas electorales. Esta vez, sin embargo, andaban tras las actas 4 y 8, de los municipios y distrito central que resguarda el ente electoral, las áreas donde el presidente electo Arévalo había arrasado en las elecciones generales y donde el sistema TREP debía haber resultado en la negación de esa victoria, pero falló. El 30 de septiembre, después de más de 20 horas en el lugar, la FECI continuaba allanado el lugar y los magistrado electorales presentes en el mismo declararon que que secuestrar las actas de resultados electorales era romper la cadena de custodia del voto.
El momento de elevar el tono y la audacia de la resistencia ciudadana había llegado a su punto más algido, un verdadero punto de inflexión histórico en Guatemala. El 2 de octubre las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán convocaron a un paro nacional que, iniciándose con una toma de carreteras que duró 19 días, luego se concentró en la ocupación de los alrededores del MP en la Ciudad de Guatemala. Este paro nacional ha tenido un carácter inédito en la historia de las protestas indígenas, populares y ciudadanas en Guatemala, no solo por haber estado encabezado por los Pueblos Originarios, sino por haber durado un total de 106 días que sacudieron a Guatemala y por haberse articulado como la principal defensa de la raquítica democracia que todavía queda en Guatemala. Aunque el paro nacional no logró la renuncia de ninguno/a de los agentes responsables del golpe electoral como lo habían planteado en sus demandas, sí lograron constituirse en una emergente articulación democrática, protagonizada por los Pueblos Originarios, en defensa del voto ciudadano y las posibilidades que representa la Nueva Primavera.
La periodista Jody García sintetiza la acción audaz de los Pueblos Orignarios del siguiente modo:
Durante más de tres meses, siete pueblos indígenas se turnaron para mantener una protesta continua en la sede principal del Ministerio Público. Su objetivo era proteger la democracia.
La respuesta del MP y la FECI a todo el paro nacional, al voto ciudadano, a las demandas de la ciudadanía fue anunciar los resultados del llamado “Caso Semilla” el 8 de diciembre de 2023. En esa fecha Curruchiche, junto Leonor Morales, Estuardo Ávila y Ángel Pineda, dieron una conferencia de prensa donde presentaron los resultados fantásticos de su investigación contra el partido político Movimiento Semilla. Pineda dijo: “Hoy es un día histórico, porque se presentarán los resultados de una intensa investigación que inició hace varios meses”. La investigación cubrió todo, desde la inscripción de Semilla hasta los resultados electorales y la compra y uso del sistema TREP. No solo presentaron solicitud de retiro de antejuicio contra Bernardo Arévalo y Samuel Pérez, sino también ha acusar al partido de “financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero.” No solo hablaron de sobrevaloración en la compra del sistema TREP, sino también de “intervención extranjera” en el mismo y desde el exterior (es decir, Washington). Y acusaron al personal del TSE de “cometer ilegalidades” que favorecieron a Semilla al tiempo que giraron órdenes de captura en contra de Jorge Santos Neill, Director de Informática del TSE y Alejandra Chiroy, Directora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos del TSE. Curruchiche concluyó declarando los resultados electorales “nulos” e inválidos “de pleno derecho”. Con esta actuación surreal y fantasmática daban por sellada la cancelación de los resultados electorales.
La Corte de Constitucionalidad (CC) dio un paso alejándose del burdo golpe electoral apuntalado por el MP y, a finales del 2023 resolvió en definitiva una acción de amparo promovida por el abogado Édgar Ortiz y otros/as, que “garantiza el proceso democrático y el relevo de las autoridades de Estado.”
La Nueva Primavera y la articulación posible*
El fin del paro nacional iniciado por las Autoridades Indígenas ancestrales, que concluyó el día de la inauguración del gobierno de Arévalo y Herrera, el 14 de enero de 2024, no puede interpretarse como resultado de haber aceptado el fracaso de las demandas principales de renuncias o de haberse conformado con haber contribuido a proteger la transición al nuevo gobierno y, con ello, el voto de la ciudadanía. Solo la duración del paro nacional simboliza tanto un acto de resistencia audaz como de esperanza viviente y militante en un futuro donde los Pueblos Originarios, las partes que no tienen parte, puedan finalmente participar directamente ensamblando democráticamente un Estado plurinacional, democrático, de igualdad tangible y material. Aunque ese futuro todavía no ha llegado, aunque los Pueblos Originarios, los movimientos sociales y los colectivos urbanos no han “cruzado el puente”, algo mucho más profundo y significativo fue forjado durante el transcurso de estas jornadas inéditas de lucha por la democracia.
Aguilar y Velásquez Nimatuj escriben:
“Quienes resisten y levantan la voz son en su mayoría mujeres y hombres comunitarios que enfrentan diversos grados de pobreza, pero que, al mismo tiempo, poseen una envidiable riqueza materializada en red de apoyos y vínculos comunitarios que les permiten respaldarse, cuidarse, intercambiar, formarse políticamente y actuar organizadamente en momentos como los actuales.”
Según estas autoras
“Las comunidades indígenas que han sido obligadas a migrar a la urbanidad han ido perdiendo algunos de estos elementos comunales porque se han debilitado sus vínculos sociales y culturales, además, porque han enfrentado la intervención ideológica y material de las elites y el Estado para controlarlos. Esto evidencia cómo el sistema económico al obligarlos a migrar logra despolitizar a la mayoría al insertarlos en una lógica de sobrevivencia diaria que es individualista.”
Creemos, sin embargo, que la clave en las luchas subalternas, incluyendo las luchas de los Pueblos Originarios, no reside en un retorno a “lo comunal”, ya sea en un contexto urbanizado o transnacional, sino en un audaz ensamblaje de articulaciones democráticas híbridas, rupturistas y refundadoras.
La posibilidad que se abre con la Nueva Primavera no es tampoco la posibilidad de una “reconciliacion” entre grupos dominantes y grupos subalternos. Aunque los grupos dominantes se vean obligados ha hacer algunas concesiones con el objetivo de no incurrir en pérdidas aún mayores y restaurar su hegemonía, los grupos subalternos siguen atrapados en el “mundo interior del capital”, el racismo histórico, el neocolonialismo extractivista y la hegemonía cacifista. La posibilidad que se abre hoy, sin embargo, es la de una articulación democrática y rupturista. No es un retorno al nacionalismo republicano, sino el avance hacia un pluranacionalismo democrático. Aunque Arévalo se ubique a la izquierda de la corrupción, todavía sigue a la derecha de la refundación, pero el hoy Presidente ha demostrado que puede aprender y cambiar.
La Nueva Primavera representa una oportunidad para Guatemala como no habíamos tenido desde 1944. Es imperativo que el gobierno de Arévalo y Herrera escuche y responda a las demandas de los Pueblos Originarios, los movimeintos sociales y los colectivos urbanos, asegurando que sus derechos sean no solo reconocidos en papel, sino fervientemente protegidos, promovidos y expandidos. Guatemala está hoy en un punto de inflexión histórico: nos encontramos en el interludio entre la amenaza de una restauración total que no quiere morir y la palpitante posibilidad de ensamblar una articulación refundadora que todavía tiene que nacer.
* “Articulación posible” es parte del título de un trabajo que el autor espera sea publicado en Guatemala en 2024.