Semilla, entre la anomalía democrática y la restauración autoritaria
El origen como anomalía y la elección inesperada
El Partido Semilla no nació como una fuerza política popular ni como un instrumento de organización colectiva desde abajo. Nació, más bien, como un proyecto tecnocrático ilustrado, anclado en sectores medios urbanos ilustrados, marcado por una idea de regeneración ética del Estado sin transformación estructural del modelo económico o del pacto oligárquico-militar que lo sostiene. Fue un “partido de profesionales”, post-ideológico, y en gran medida desconectado de las experiencias y demandas organizadas de los movimientos campesinos, indígenas, sindicales o estudiantiles, aunque su origen mismo esté en las grandes protestas ciudadanas de 2015.
Sin embargo, su ascenso aleatorio en 2023 fue profundamente disruptivo, no por su radicalidad, sino por el colapso inesperado y para nada y por nadie vaticinado de los mecanismos tradicionales de control electoral. Su paso a segunda vuelta, como resultado de una mezcla de exclusión judicial de otros partidos, apatía generalizada y voto de protesta, fue leído por el Pacto de Corruptos como una anomalía que debía corregirse. El triunfo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera fue una elección accidental, fundamentalmente aleatoria, para los aparatos de poder: una revuelta dentro de los márgenes democráticos del sistema, pero con efectos potencialmente desestabilizadores, incluso rupturistas, para las redes de impunidad.
La restauración total: el MP, la CC y el Congreso
Desde el primer momento, el “sistema” reaccionó con una ofensiva jurídicamente disfrazada: el Ministerio Público bajo control de la corrupción, los jueces afines, la Corte de Constitucionalidad, y los partidos del llamado Pacto de Corruptos en el Congreso, activaron mecanismos de sabotaje electoral, judicial y legislativo. La arremetida judicial contra Semilla, algo que ya empezó desde julio de 2023 cuando buscaron suspender al partido, bajo el “Caso Corrupción Semilla” fue fabricada con el objetivo de criminalizar administrativamente al partido y preparar el terreno para su cancelación, debilitando así la base política del gobierno entrante y buscando imponer la vía peruana en Guatemala.
Lo ocurrido el 14 de enero de 2024, cuando la Corte de Constitucionalidad anuló los efectos de una elección ya celebrada para bloquear la presidencia del Congreso de Semilla, fue un acto de restauración explícita del poder oligárquico sobre la institucionalidad legislativa. La CC no actuó como poder independiente, sino como extensión jurídica de una clase política que busca blindarse ante cualquier amenaza, por más moderada que sea.
A pesar de su marginación formal en la Junta Directiva del Congreso, el bloque Semilla ha recurrido a una estrategia pragmática y transaccional de negociación en el legislativo para evitar la completa parálisis del gobierno de Arévalo. Esta estrategia se ha basado en la construcción de acuerdos puntuales con bancadas independientes y partidos tradicionales dispuestos a transar, incluyendo algunos sectores del oficialismo residual, con el objetivo de aprobar medidas clave como el presupuesto general del Estado para 2024.
Si bien el transaccionalismo legislativo le permitió al Ejecutivo asegurar cierto margen de maniobra financiera y operativa, también supuso concesiones que diluyeron el alcance de sus ya limitadas aunque valiosas propuestas iniciales (como está plasmado en el Plan de Gobierno de Semilla 2024-2028), confirmando así la tensión central del gobierno: una administración que intenta gobernar desde la minoría, en un Congreso dominado por el Pacto de Corruptos, sin desbordar el marco institucional que lo asfixia. Esta dinámica revela no una capacidad de articulación legislativa sostenida, sino una política de sobrevivencia táctica, más cercana a la lógica del mal menor que a una ofensiva programática. Mientras tanto, en el legislativo, como una lo puso la diputada de Semilla, Andrea Reyes. “Hemos estado dando vueltas en círculos”.
El fracaso de la estrategia institucionalista de Arévalo
El respaldo sostenido de la administración de Joe Biden fue crucial para la toma de posesión de Arévalo y Herrera en enero de 2024. La Casa Blanca envió una delegación oficial a su investidura, y altos funcionarios como el secretario de Estado Antony Blinken y la ahora exadministradora de USAID, Samantha Power, expresaron su apoyo a la transición democrática y a la agenda anticorrupción del nuevo gobierno. Sin embargo, en febrero de 2025, la visita del secretario de Estado Marco Rubio, bajo la administración de Donald Trump, marcó un giro inesperado. Durante su estancia, Arévalo acordó aumentar en un 40% los vuelos de deportación desde Estados Unidos, incluyendo migrantes de terceros países, y desplegó a los kaibiles, una unidad militar de élite, en las fronteras para frenar la migración y el narcotráfico. Estos movimientos han sido interpretados como un acercamiento táctico al gobierno de Trump, lo que contrasta con la afiliación de Semilla a la Internacional Progresista desde octubre de 2023. Esta dualidad refleja la tensión entre la identidad progresista del partido y las decisiones estratégicas del Ejecutivo en un contexto geopolítico complejo marcado por el ascenso del tecnofascismo y la restauración neoimperial trumpista.
En general Arévalo ha optado por una estrategia de prudencia y respeto institucional que, en el contexto guatemalteco, equivale a desarme unilateral. A pesar de las demandas populares y la presión de los movimientos sociales y colectivos urbanos con quienes Arévalo ha mantenido una relación indirecta, el presidente no ha presionado políticamente ni ha movilizado el capital simbólico que tuvo tras el levantamiento cívico de 2023. Su intento por destituir a Consuelo Porras mediante los canales del sistema (amparos y recursos) ignora que el sistema está capturado y diseñado para la restauración autoritaria. La única promesa firme que Arévalo le ha hecho a los movimientos que lo apoyan es que no va a cambiar de estrategia institucionalista. Y eso concuerda con las autoridades indígenas tradicionales que también lo apoyan.
Esto se ha traducido en un gobierno atrapado: sin control del Congreso, sin capacidad real de renovar el sistema de justicia, sin alianzas fuertes y sin ninguna articulación con actores sociales transformadores. La cooptación continúa, y varias figuras de Semilla, como Samuel Pérez, Ligia Hernández o Eduardo Masaya, han sido convertidas en objetivos de una guerra jurídica (lawfare) que recuerda las estrategias del lawfare contra Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador, aunque con menos cobertura internacional.
La fisura interna de Semilla y el riesgo de fragmentación
Las confesiones de Ligia Hernández y Salvador Batz, quienes aceptaron cargos en el caso “Corrupción Semilla”, han generado tensiones internas en el partido y han sido utilizadas por el Ministerio Público (MP) para fortalecer su ofensiva legal contra la agrupación.
Ligia Hernández, exdiputada y directora del Instituto de la Víctima, aceptó cargos por fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado, tras permanecer 90 días en prisión preventiva. Aunque el partido expresó satisfacción por su liberación, también manifestó preocupación por la posibilidad de que esta aceptación de cargos sea utilizada para solicitar la cancelación de Semilla. Por su parte, Salvador Batz, exsecretario de finanzas y transparencia del partido, aceptó cargos similares y señaló a Samuel Pérez y Ligia Hernández como responsables de las decisiones financieras dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Batz afirmó que se le limitó el acceso a información y que firmó documentos sin conocer su contenido completo.
Estas declaraciones han sido interpretadas por el MP como evidencia de irregularidades sistemáticas en el manejo financiero de Semilla, lo que podría justificar acciones legales adicionales, algo que ahora buscan expandir con un examen de las mismas actas de juramentación de Arévalo y Herrera cuando Samuel Pérez inauguró la nueva legislatura al comienzo del gobierno. Además, las confesiones han generado descontento entre las bases y miembros/as del partido, que perciben una falta de respaldo institucional hacia los/as miembros/as procesados. En resumen, las confesiones de Hernández y Batz han debilitado la posición interna de Semilla y han proporcionado al MP argumentos para intensificar su ofensiva legal contra el partido, en un contexto de creciente presión política y judicial en el que buscan desesperadamente defenestrar al gobierno por “la vía peruana”.
El reportaje reciente de La Hora sobre una posible escisión dentro de Semilla confirma lo que muchos/as sospechaban: el partido no ha logrado consolidar un proyecto político común más allá de la ética administrativa y, por supuesto, su cancelación por parte del Tribual Supremo Electoral no les ha permitido accionar en el legislativo como bien pudieron haberlo hecho, es decir, como una fuerza institucional con legitimidad. Ahora, sin embargo, la crisis interna revela una contradicción de fondo: Semilla es, al mismo tiempo, un partido de gobierno y un experimento institucionalista atrapado entre el ideal tecnocrático y la realidad política de una restauración mafiosa. Además, los líos internos y las peleas entre sus grupos constituyentes no les ha ayudado mucho.
El intento de crear una nueva organización o facción sugiere que la coyuntura interna del partido ha llegado al punto de ebullición y que hay sectores que reconocen el agotamiento del partido como vehículo de transformación. La negación pública de Samuel Pérez puede leerse más como cálculo de sobrevivencia que como desmentido categórico.
La guerra jurídica como instrumento de aniquilación política
La aceptación de cargos por parte de Ligia Hernández y Salvador Batz, así como la captura de Masaya, se inscriben en una estrategia clara del Ministerio Público: construir un caso judicial que justifique no solo la cancelación del partido Semilla, sino la defenestración del gobierno de Arévalo y Herrera. La narrativa se construye paso a paso: primero la criminalización mediática, luego el señalamiento público, luego la captura, y finalmente la cooperación eficaz que cierra el círculo.
Este proceso tiene objetivos múltiples:
Desarticular a Semilla como partido electoral.
Debilitar al Ejecutivo frente al Congreso y la CC.
Defenestrar al gobierno de Arévalo y Herrera.
Enviar un mensaje a cualquier otro actor político que intente desafiar el orden establecido.
Y hacerlo todo o todo lo que se pueda antes de que concluya el período de la jefa del MP a mediados de 2026.
La dinámica en el legislativo demuestra los métodos burdos, vulgares e infames que usan para lograr sus objetivos: el intento del bloque legislativo restaurador, conformado por partidos como Vamos, Valor, Unionista, Todos y Cabal, de tomar el control permanente de la Junta Directiva del Congreso instrumentalizando a la diputada de Vamos Greicy de León para lograrlo. Esta jugada no solo busca también defenestrar a Nery Ramos (que ha funcionado como “lo menos peor” en el Congreso) y tomar la presidencia del Legislativo, sino impedir cualquier discusión sobre reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, blindando así a su jefa frente a cualquier intento de remoción. Además, este control permitiría al Congreso maniobrar, llegado el caso, hacia una votación que desconozca los resultados de la elección presidencial de 2023 y destituya a Arévalo y Herrera bajo argumentos jurídicamente construidos a la medida, pero con suficiente apariencia de legalidad como para que los respalde la CC. El amparo reciente que frustró momentáneamente el plan de Rodríguez Arzú y Felipe Alejos revela que la restauración no es solo judicial o mediática: se organiza también desde el corazón de la CC para sofocar por completo cualquier intento de refundación democrática. Eso queda claro después que la CC también le dio la razón a diputados opositores y ordenó reanudar otra vez sesión legislativa pendiente.
¿Y el pueblo? La ausencia de una articulación popular
Quizás el mayor fracaso de Semilla no está en sus errores administrativos, sino en su incapacidad para traducir el momento cívico-popular de 2023, ya no digamos el de 2015, en una articulación política democrática, rupturista y refundadora de largo plazo con los movimientos sociales. El gobierno no ha convocado a nignuna forma de refundación democrática ni ha llamado a una asamblea constituyente ni ha creado articulaciones programáticas con los muchos actores que resisten desde la corrupción, la impunidad pero también el cacifismo y el neoliberalismo desde abajo. En vez de abrir el juego político, lo ha restringido a la gramática institucional, lo cual beneficia a quienes ya controlan el tablero y traicionan a quienes demandan dignidad, transparencia y rendición de cuentas.
Sin base social articulada, sin proyecto político rupturista (luchar contra la corrupción no es en sí mismo romper con el sistema que la genera) y sin capacidad para alterar el equilibrio de fuerzas, Semilla se ha convertido en un gobierno sitiado, atrapado entre la persecución judicial, la marginalización legislativa y la parálisis ejecutiva – remozar escuelas, construir carreteras o expandir puertos con ayuda del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos no es para nada una Primavera Democrática.
La disyuntiva
Semilla ya no es la promesa de un nuevo proyecto político o una Primavera Democrática, sino el escenario de una disyuntiva: puede convertirse en una víctima más de la restauración autoritaria, o puede reinventarse como parte de un proceso mucho más amplio de articulación democrática desde abajo.
Pero para ello tendría que romper con el fetichismo institucional, dejar de intentar jugar según reglas hechas para excluirlo, y participar en el ensamblaje de una articulación amplia, plural y popular que asuma la refundación del Estado como horizonte. De lo contrario, su destino será el del centro ilustrado: testimonial, ético, pero impotente.