La restauración dentro de la restauración: Ejército, censura y la vía peruana del Pacto de Corruptos

Imagen: F&G Editores

El 30 de junio de 2025, el presidente Bernardo Arévalo declaró a la prensa que “el Ejército ya no responde a viejas prácticas corruptas o intereses particulares”. La frase, pronunciada en el contexto del Día del Ejército, no solo resulta ingenua y desconectada de la realidad, sino que representa una peligrosa ilusión institucionalista en un momento de creciente autoritarismo, restauración política y militarización del espacio público en Guatemala. Es como buscar que el ejército se comporte realmente de modo institucional declarando que el ejército ahora ya sí se comporta de modo institucional. No se trata simplemente de un error de comunicación, una metida de pata ideológica o de una evaluación equivocada: se trata de un acto político con profundas implicaciones que normaliza y blanquea el papel que las fuerzas armadas están volviendo a desempeñar como garantes del orden oligárquico y del nuevo régimen de restauración reaccionaria.

Las declaraciones del presidente contrastan de manera patente con hechos concretos y recientes que muestran que el Ejército no solo sigue respondiendo a intereses particulares, sino que actúa como censor político activo. Un ejemplo contundente de esta contradicción es el caso del coronel de infantería Édgar Rubio Castañeda, a quien el Ministerio de la Defensa le prohibió participar en la Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA) 2025.

Rubio es autor del libro Guatemala: Narcoestado y Oligarquía, publicado por F&G Editores. La obra aborda la connivencia entre las élites políticas, económicas y militares, y plantea una tesis contundente: nuestra democracia está subordinada a un narco-régimen oligárquico que trafica poder, impunidad y recursos en complicidad. Sin embargo, el Ministerio de la Defensa le prohibió participar en la Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA) 2025, donde iba a presentar y debatir públicamente su obra. La justificación vehiculó una “protección institucional”, pero no es otra cosa que censura pura y dura. Eso del “interés institucional” también demuestra que el Ejército, de modo institucional y no solo por elementos particulars, no ha abandonado sus viejas prácticas, sino que las ha refinado y adaptado a las condiciones actuales del régimen que lo legitima.

Escribe epinvestiga:

“Rubio Castañeda no es un autor desconocido para el público guatemalteco. En 2017, su obra Desde el cuartel… fue uno de los libros más vendidos en la Filgua y se convirtió en un bestseller nacional. No obstante, desde entonces, su postura crítica le ha desencadenado consecuencias personales y profesionales, que ahora se intensifican con esta nueva publicación.”

Este acto de censura no puede ser visto como una anécdota aislada. Se inscribe dentro de una estrategia de restauración autoritaria que ahora también podemos designar como la restauración dentro de la restauración. Es decir, otro momento de inflexión reaccionaria en el proceso crecientemente antipolítico y autoritario que se afianza luego de que el gobierno de Arévalo —electo con una legitimidad democrática sin precedentes en los últimos 40 años— fracasó en articular una verdadera transición democrática desde abajo. En lugar de una derrota clara de la corrupción y la impunidad, como fue prometido durante las elecciones y como fue demandado por el gran paro nacional de 2023, lo que hemos presenciado es la permanencia y reproducción de los/as defensores/as de la corrupción y la impunidad y una repetición constante de actos de guerra jurídica contra todo mundo que se opone al Pacto de Corruptos. Todas estas fuerzas reaccionarias operan bajo una fachada de normalidad democrática. Es más, al tiempo que retuerces el derecho e invierten todos los valores democráticos, operan impunemente llenándose la boca de respeto a la ley y al Estado de derecho. Este fenómeno no es exclusivo de Guatemala: sigue el patrón de lo que en otros contextos latinoamericanos —notoriamente Perú— hemos denominado como la vía peruana del golpe de Estado.

La vía peruana se caracteriza por una forma de golpe institucional disfrazado de legalidad. No hay tanques en las calles ni juntas militares; hay decisiones judiciales, campañas mediáticas, persecuciones selectivas, sabotajes parlamentarios y una desactivación sistemática de la voluntad popular. Se trata de una restauración orquestada por lo que en Guatemala se conoce como el Pacto de Corruptos, esa coalición amorfa pero eficaz de élites políticas, económicas, militares, judiciales y mediáticas que han aprendido a operar no en la sombra, sino en plena luz del día. No necesitan ocultarse porque controlan las narrativas, las instituciones y los procedimientos. No son, en sentido estricto, “fuerzas oscuras”; son fuerzas perfectamente visibles que ya han logrado doblegar a la fiscalía, al Congreso, al Tribunal Supremo Electoral, a la Corte de Constitucionalidad, a buena parte del sistema judicial, y que ahora avanzan sobre los espacios de expresión cultural, intelectual y crítica como FILGUA.

La censura en FILGUA al coronel Rubio no solo revela la continuidad de la doctrina militar autoritaria; también marca un punto de inflexión: el Ejército, al prohibir la participación de un autor crítico que incluso se encuentra en situación de retiro, se posiciona una vez más como custodio del pensamiento único. No estamos ante un Ejército reformado ni republicano. Estamos ante un Ejército que, bajo la fachada del profesionalismo, ha sido rearticulado para jugar un rol central en la restauración política reaccionaria. Arévalo, al declarar su confianza en la institucionalidad castrense, no hace sino legitimar el poder de veto militar sobre el proceso de cambio democrático.

El error de Arévalo no es solo táctico o simbólico; es estructural. Revela el fracaso de su proyecto y del partido Semilla para entender la profundidad del conflicto histórico que atraviesa a Guatemala. Desde su inicio, el gobierno de Arévalo apostó por una transición controlada, sin rupturas, sin confrontación con las estructuras del poder real. Esa apuesta ha resultado ser no solo ingenua, sino destructiva. Hoy podemos afirmar, sin ambigüedades, que el intento de restaurar la democracia por la vía institucional ya ha sido derrotado, aunque Arévalo prometa hacer cambios profundos en la fiscalía en 2026 y solo después que haya cambios en la misma mandados por la Constitución misma. Y esta derrota no es únicamente de Arévalo ni de Semilla. Es la derrota de toda una generación que vio en su victoria electoral una posibilidad de cambio, de justicia, de dignidad y de futuro.

En esta derrota se fragua algo todavía más siniestro: una restauración dentro de la restauración, es decir, el asentamiento de un nuevo régimen aún más autoritario, excluyente y corrupto que el que conocimos bajo Otto Pérez Molina, Jimmy Morales o Alejandro Giammattei. En nombre de la “normalidad institucional” y de la “gobernabilidad”, se están vaciando de contenido los conceptos de democracia, justicia y derechos. Se persigue a los fiscales que combatieron la corrupción, se criminaliza a los líderes comunitarios y defensores del agua y la tierra, se sofocan los espacios críticos como FILGUA, se fabrican expedientes contra opositores, y ahora también se censura la reflexión desde dentro del propio Ejército.

Lo que se está construyendo en Guatemala no es un simple retorno a lo anterior. Es una versión ampliada, más sofisticada y brutal del modelo de control autoritario. El régimen que se perfila combina los más oscuros elementos del viejo Estado militar de seguridad nacional y también los peores rasgos del pasado reciente: la corrupción estructural del gobierno de Pérez Molina, la manipulación mediática y religiosa de Jimmy Morales, y el autoritarismo represivo de Giammattei. Pero suma un nuevo componente: la legitimación liberal que ofrece un gobierno como el de Arévalo, que en su desesperado intento por sostenerse ha comenzado a hacer concesiones estructurales al poder fáctico, al punto de convertirse en su instrumento involuntario. A esto se refiere el periodista Pavel Vega, en un mensaje que ha circulado ampliamente en WhatsApp, cuando dice:

“No me vengan con tecnicismos. No importa si la orden la dio el Estado Mayor o el Ministerio de la Defensa. Bernardo Arévalo es el jefe supremo del Ejército. Y ante una censura como esta, no reaccionó. Ni una palabra. Ni un gesto. Ni una defensa pública del derecho ciudadano a acceder a un libro. Y cuando el poder civil guarda silencio ante una orden militar, no se llama prudencia. Se llama subordinación.”

Esta es la paradoja central del momento: un gobierno electo con la promesa de cambio que termina consolidando, por omisión o por cooptación, las estructuras que debía desmontar. Y mientras tanto, los sectores populares, las comunidades indígenas, los estudiantes, los movimientos feministas, los defensores del medio ambiente, todos/as aquellos/as que apostaron por una posibilidad de transformación, se ven cada vez más marginados, desmovilizados, perseguidos o decepcionados. ¿Podrá la chispita de Raíces crear una fogata ciudadana después de todo esto? Queda por verse.

Pero la historia aún no ha terminado de escribirse, aunque las señales son claras. La restauración está en marcha. La vía peruana ya ha sido implementada en Guatemala. El Ejército, lejos de haber abandonado sus viejas prácticas, las mantiene con nuevos ropajes. El sistema judicial es ahora el principal instrumento de persecución política. El Congreso ha sido neutralizado por una banda antirreformista y restauradora. Y el Ejecutivo ha perdido toda capacidad de impulsar reformas estructurales más allá del remozamiento de escuelas, carreteras y puertos – con el beneplácito de Washington. Lo que queda es un simulacro de democracia sostenido por la represión blanda, la censura cultural y la desesperanza generacional.

Sin una ruptura clara, sin una articulación democrática de las fuerzas populares, sin un nuevo proyecto de transformación radical, todo lo que queda es una restauración cada vez más impune y violenta. No es demasiado tarde para revertir esta tendencia, pero hacerlo exige abandonar la ingenuidad, reconocer la magnitud de la derrota, y comenzar de nuevo con audacia: no desde el Estado, sino desde abajo, desde los territorios, desde los colectivos, desde las resistencias que no han sido cooptadas.

Solo así podrá construirse una alternativa real al régimen de restauración total que hoy se afianza en Guatemala, a plena luz del día, con aval militar, cobertura mediática y complicidad institucional.

Nota: el libro Guatemala: Narcoestado y Oligarquía continúa estando disponible para la venta en el puesto de F&G Editores en FILGUA en el Foro Majadas.