Elección de electores/as
Por qué y cómo el sistema electoral D’Hondt empleado en Guatemala sirve para consolidar los proyectos políticos de los grupos de poder
Introducción
El proceso de elección de electores/as es un proceso político mucho más profundo que los vaivenes electorales que definen los ciclos electorales de países como Guatemala. Se trata de un proceso incluido en el diseño constitucional mismo, es decir, un proceso que ocurre de antemano por medio de un sistema electoral diseñado para elegir a los/as electores/as incluso antes de que emitan un solo voto y que tiene que ver con el funcionamiento interno de lo político entendido como algo más amplio que la política. En este ensayo describimos este proceso y desarrollamos algunas propuestas para superarlo.
El sistema electoral D’Hondt
El sistema electoral D’Hondt es un método utilizado en varios países para asignar escaños legislativos, asamblearios, parlamentarios o cargos electos en función de los votos obtenidos por cada partido político o candidato. Fue desarrollado por el matemático belga Victor D’Hondt a finales del siglo XIX y se basa en una versión peculiar y problemática del principio de representación proporcional. El sistema electoral D’Hondt pertenece al dominio de lo político en tanto que goza de un rango constitucional en los Estados contemporáneos que lo han adoptado como método para regular sus sistemas representativos o electorales.
Recordemos que el funcionamiento del Sistema D’Hondt por diseño matemático arbitrario se basa en el cálculo, no de todos los votos de la ciudadanía, sino de cocientes electorales y la asignación de escaños de acuerdo con estos cocientes. A esto le llaman la “cifra repartidora” en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) de Guatemala. En otras palabras, en el sistema D’Hondt los escaños se asignan en varias rondas de cálculos divisorios que, a medida que avanzan, eligen a unos/as electores/as y excluyen a otros/as.
Aquí un ejemplo ficticio obtenido del modelo español, pero que es muy similar al guatemalteco y otros modelos latinoamericanos:
“Si en las próximas elecciones, en una de las circunscripciones de España, cuatro partidos políticos luchasen por conseguir los cinco cargos de diputados disponibles y el número de votos total (que no de censados, pues aquí sólo cuentan los votos válidos y los llamados en blanco) fuese de 13.500, estos serían los resultados:
Lo que marca la Ley D’Hondt es que hay que dividir el número total de votos que ha recibido un partido por 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, los cargos electos que se disputan en cada circunscripción. En este caso, los 5.000 votos del partido A se dividirían por 1, 2, 3, 4 y 5; lo mismo con los 4.000 votos del partido B (1, 2, 3, 4, 5), etc.
De todos los resultados obtenidos, los cinco diputados se asignan a las cinco cifras más altas, independientemente del partido que sean. Eso sí, para poder aspirar a obtener representación, hay que lograr un mínimo del 3% del total de los votos (mínimo que varía dependiendo de si las elecciones son generales, autonómicas, de en qué comunidad autónoma tengan lugar, etc.).
En este caso, el Partido A tendría el primer diputado gracias al resultado de 5.000; el segundo diputado correspondería al Partido B por el cociente de 4.000; el Partido C se llevaría el tercer diputado con la cifra de 3.500; el Partido A se quedaría con el cuarto diputado por el resultado 2.500; y el quinto y último diputado sería para el Partido B, con la cifra de 2.000, más alto que todos los cocientes del Partido D.
Por lo tanto, el Partido D no tendría representación, el Partido C alcanzaría un único diputado, y los partidos A y B se quedarían con dos diputados cada uno. (Europa Press, 2015)
Es importante destacar que a medida que los escaños se asignan a los partidos con los cocientes más altos, los cocientes de los partidos restantes se ajustan y pueden disminuir, lo que puede influir en la asignación de escaños en las rondas posteriores.
En Guatemala este sistema está regulado por el Artículo 203 de la LEPP concerniente a “la representación proporcional de minorías.” El mencionado artículo dice literalmente lo siguiente:
Las elecciones de diputados, por lista nacional, por planilla distrital, a diputados al Parlamento Centroamericano, así como las de concejales para las corporaciones
municipales, se llevarán a cabo por el método de representación proporcional
de minorías.Bajo este sistema, los resultados electorales se consignarán en pliego que contendrá un renglón por cada planilla participante y varias columnas. En la primera columna se anotará a cada planilla el número de votos válidos que obtuvo; en la segunda, ese mismo número dividido entre dos; en la tercera, dividida entre tres, y así sucesivamente, conforme sea necesario para los efectos de adjudicación.
De estas cantidades y de mayor a menor, se escogerán las que correspondan a igual número de cargos en elección.
Notar que este artículo fue “adicionado” por las reformas electorales de 2016, pero la sustancia quedó esencialmente sin modificación alguna.
En Guatemala, además, los partidos políticos están sujetos a cancelación si no obtienen por lo menos, un cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos por su Lista Nacional, no importa cuántos votos hay recibido por sus listas distritales, lo que también excluye a partidos regionales (Art. 93 b).
Si tomamos en cuenta que la elección de un sistema electoral depende de los contextos específicos de cada país, en Guatemala los grupos de poder eligieron este sistema porque garantiza las condiciones políticas y electorales que facilitan un proceso de elección de electores revestido de democracia.
Aunque en teoría los sistemas electorales están diseñados para reflejar las preferencias de los votantes y garantizar una representación justa y equitativa, en la práctica los mismos dependen de relaciones de poder (antagonismos sociales), ideología (demagogia, trucos y engaños) y hegemonía (consensos, convencimientos y certidumbres). En la época de las redes sociales y la construcción mediática y digital de las preferencias ciudadanas, los procesos subyacentes a las elecciones se ven crecientemente opacados e ideológicamente relegados a lo que presentan como las esferas de la conspiración o la manipulación externa de los procesos electorales. Hablar de relaciones de poder en medio de un ciclo electoral aparece, mediáticamente, como la promoción del descontento, el odio y la desarmonía. Así de invertidos son los contenidos y sus formas.
Sistemas electorales y sus problemas
La Representación Proporcional de Lista Cerrada, al igual que otros sistemas electorales, tiene problemas muy serios. Entre esos problemas encontramos:
1. Falta de representatividad: En los sistemas de lista cerrada, los partidos políticos determinan el orden de los candidatos en las listas. Aunque lleven a cabo asambleas nacionales o distritales, la selección de candidaturas es asunto de poder, privilegio, influencia y financiamiento y las secretarías generales funcionan como propietarios/as de los partidos. Esto lleva con mucha frecuencia a la falta de democracia interna, falta de diversidad y representatividad, ya que los líderes de los partidos tienen un mayor control sobre quiénes son elegidos/as, en qué posición y con qué grado de incidencia. Puede haber una falta de oportunidades para que nuevos líderes emergentes o voces subrepresentadas tengan acceso a posiciones de poder. Todo esto facilita la perpetuación de los liderazgos en posiciones de mucha influencia y la repetición constante de sus candidaturas aun cuando sufran de tachas serias o hayan demostrado haber perdido toda idoneidad para los cargos.
2. Escasa conexión entre votantes y candidatos: Al votar por un partido y no por candidatos individuales, la ciudadanía votante tiene menos control sobre quiénes son elegidos/as y representarán sus intereses en el congreso, asamblea o parlamento. Esto generalmente produce una desconexión entre electores/as y representantes, dificultando la rendición de cuentas y la responsabilidad directa de los políticos hacia los votantes. Esto hace imposible que la ciudadanía electoral pueda revocar mandatos, depurar a sus representantes, renovar los liderazgos y retirar de sus cargos a gente que ha incurrido en graves violaciones o traiciones a su electorado. Esto ocurre no solo con el fenómeno del transfuguismo, sino también con los cambios de postura política sin consultar con las bases, ya no digamos con el financiamiento ilícito, a puertas cerradas o envuelto en “alfombras mágicas”. La creencia que todo esto impone por parte de los/as diputados/as, u otros/as representantes en cargos públicos, es que una vez han sido electos/as o nombrados/as, no le deben nada, ninguna redición de cuentas, a la ciudadanía que los/as eligió (o que eligió a sus jefes/as) y les confió su futuro.
3. Poca flexibilidad y adaptabilidad: En los sistemas de lista cerrada, los votantes tienen poca capacidad para influir en la composición de las listas o cambiar el orden de los candidatos. No hay sistema de elecciones primarias, no hay sistema de voto revocatorio, no hay sistema de consultas o rendimiento de cuentas, no hay ninguna forma de controlar o llamar al orden a los/as representantes. Esto generalmente lleva a una falta de democracia interna capaz de adaptarse o incorporar cambios en las dinámicas electorales o emergencia de nuevas voces, corrientes o movimientos políticos. Los partidos se fosilizan incluso antes de su propia extinción que, en Guatemala, es relativamente cíclica y predecible.
4. Dominio del liderazgo de partido: En los sistemas de lista cerrada, el liderazgo de los partidos tiene un carácter verticalista, centralista, patrimonialista e incluso autoritario, con enorme control sobre el proceso de selección de candidatos/as y la formación de las listas. Esto generalmente favorece la concentración de poder en el liderazgo de los partidos, así como limita la autonomía y la participación de la militancia y las bases.
Aunque los problemas arriba señalados no son únicos a la Representación Proporcional de Lista Cerrada, estos problemas sí pueden incluso empeorar en su implementación práctica, particularmente en un contexto político y cultural con patrones generalizados de corrupción, cooptación, criminalidad, influencia del narcotráfico, financiamiento ilícito, etc. Algunos países, sobre todo en los que ha habido refundaciones parciales o totales, han implementado medidas para amortiguar estos problemas, como listas desbloqueadas o sistemas mixtos que combinan características de lista cerrada y lista abierta, con el objeto de lograr un mayor equilibrio entre la representación partidista y la representación individualizada y minimizar el impacto de prácticas negras. Los resultados son mixtos y muy frágiles.
Existen otros sistemas electorales que, sin representar formas de democracia directa o sin ser producto de refundaciones radicales, sin embargo pueden ser considerados más proporcionales y que buscan maximizar la representación de los partidos políticos de acuerdo con los votos obtenidos. Algunos de estos sistemas son:
1. Representación Proporcional de Lista Abierta: En este sistema, los votantes tienen la opción de elegir a candidatos individuales en lugar de partidos políticos. Los escaños se asignan proporcionalmente a los candidatos según los votos obtenidos. Esto permite una mayor personalización del voto y la elección directa de representantes. Este sistema se emplea en Ecuador aunque no sin problemas. “Uno de los efectos de las listas abiertas, instituidas en la Consulta Popular de 19972, fue que los partidos políticos se convirtieron en contenedores de candidaturas, favoreciendo un proceso acentuado de personalización de la política.” (Garzón Sherdek & Cahuasquí Cevallos, 2021)
2. Representación Proporcional de Lista Cerrada y Bloqueada: En este sistema, los votantes eligen partidos políticos y no a candidatos individuales. Los escaños se asignan a los partidos de acuerdo con los votos obtenidos por cada lista cerrada. Los candidatos se seleccionan en función del orden predefinido de la lista presentada por el partido. Este sistema es el más común y se usa en Argentina, Bolivia (para el voto de lista), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México (para el voto de lista), Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (para el voto de lista). Los problemas con este sistema son obvios.
3. Representación Proporcional Mixta: Este sistema combina elementos de representación proporcional y sistemas uninominales. Los votantes emiten dos votos: uno para elegir a un candidato en su distrito y otro para elegir un partido político. Los escaños se asignan a los partidos de acuerdo con los votos proporcionales obtenidos y, posteriormente, se asignan escaños adicionales para garantizar la proporcionalidad. Bolivia y México emplean este sistema.
4. Representación Proporcional Corregida: En este sistema, se aplican fórmulas matemáticas para ajustar la asignación de escaños a fin de compensar posibles desigualdades o distorsiones producidas por otros sistemas electorales. Este método se aplica en varios países.
Críticas teóricas al Sistema D’Hondt
John Rawls, reconocido filósofo político y teórico de la justicia, no escribió explícitamente sobre el Sistema D’Hondt en sus obras principales. Rawls se centró en la formulación de su teoría de la justicia como equidad y en la búsqueda de principios que rigen la distribución de bienes y oportunidades en una sociedad justa.
Sin embargo, es posible inferir conceptualmente y plantear críticas al Sistema D’Hondt desde la perspectiva del “liberalismo político” de Rawls. El argumento central de este enfoque es que la justicia requiere la igualdad básica de oportunidades y la distribución equitativa de los recursos, asegurando que los menos favorecidos se beneficien en mayor medida.
El Sistema D’Hondt enfrenta muchas críticas en términos de cómo asigna los escaños legislativos, asamblearios o parlamentarios y cómo afecta la representación proporcional y la inclusión de minorías. Pero, sobre la base enfoque en la justicia distributiva y la igualdad de oportunidades de Rawls, podemos decir que solo hay que respaldar sistemas electorales que se acerquen más directa y fielmente a la representación proporcional y que garanticen la inclusión de diversas voces y perspectivas, sobre todo las menos favorecidas y las menos escuchadas.
Incluir el trabajo Rawls en esta discusión sirve para resaltar el hecho de que incluso desde una perspectiva seria de liberalismo político el sistema de la política y, de hecho, la realidad existente es inadecuada para resolver adecuadamente los desafíos de la igualdad básica de oportunidades y la distribución equitativa de los recursos. Al contrario, en países como Guatemala lo político, tal y como existe constitucionalmente en este momento, parece haber sido diseñado para garantizar todo lo opuesto.
Jürgen Habermas, destacado filósofo y teórico político alemán, ha abordado críticamente los sistemas electorales en general, incluido el Sistema D’Hondt. Aunque no se ha pronunciado específicamente sobre el Sistema D’Hondt en sus obras principales, sus críticas al sistema político y a la democracia representativa ofrecen una base clara para inferir sus preocupaciones y propuestas de cambio.
Habermas ha cuestionado el funcionamiento de los sistemas electorales y ha argumentado que la democracia representativa tradicional, ya no digamos sistemas electorales capturados y distorsionados por grupos corruptos de poder, a menudo está desconectada de la participación ciudadana efectiva y la deliberación pública. Él defiende una concepción más inclusiva y deliberativa de la democracia en la que los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones y en la formación de la opinión pública.
En su ambiciosa obra “Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso” (Trotta, 2010), Habermas desarrolla su teoría discursiva de la democracia y plantea que la legitimidad política se deriva de la participación ciudadana y de la deliberación racional e inclusiva. Para Habermas hay una conexión (y frecuentemente una contradicción) interna entre los hechos del poder y las normas de su producción y es de la debilidad o fortaleza de esta conexión que depende la legitimidad de los sistemas políticos y constitucionales.
Habermas propone un enfoque deliberativo y participativo, previo a los ciclos electorales y durante los mismos, como parte de la naturaleza de lo político y la política, en el que los ciudadanos tengan la oportunidad de discutir, argumentar y deliberar sobre los asuntos públicos de mayor importancia. En lugar de centrarse únicamente en la representación de intereses, Habermas argumenta a favor de mecanismos como los jurados ciudadanos, las asambleas populares y los foros públicos para promover la participación activa y el diálogo inclusivo. Estos son los mecanismos que pueden consolidar las estructuras de lo que Habermas llama “esferas públicas” abiertas y democráticas.
Antonio Gramsci, reconocido teórico crítico y filósofo político italiano, no se pronunció específicamente sobre el Sistema D’Hondt en sus escritos carcelarios. Sin embargo, podemos desarrollar algunas críticas y propuestas que podrían desprenderse de su análisis más amplio sobre la hegemonía, la legitimidad y la democracia y su crítica de la sociedad civil.
Gramsci abordó principalmente la cuestión del poder y la hegemonía en la sociedad, centrándose en cómo las clases dominantes mantienen su dominio a través del control cultural y político. Sus críticas al sistema político y electoral se basan en la concepción de la democracia como una lucha constante por la emancipación y la transformación social.
Desde una perspectiva gramsciana y, más ampliamente, desde la Teoría Crítica, podemos identificar algunas críticas y propuestas relacionadas a lo político:
1. Elitismo y concentración de poder: Gramsci se preocupaba por la concentración del poder político y económico en las manos de unas pocas élites. Los sistemas electorales, como el Sistema D’Hondt, suelen perpetuar esta concentración al favorecer a los partidos más grandes y al servicio de los grupos de poder, dificultando la inclusión de voces y perspectivas de minorías y movimientos sociales. Pero este elitismo y concentración de poder tiene que ser opacados y normalizados, lo que requiere un proceso “cultural” – hoy también mediático – de construcción de consensos dominantes. Es dentro de estos consensos dominantes donde tomar lugar las transacciones, negociaciones y demandas entre grupos de poder y con los grupos subalternos. Es en relación a este consenso que surgen los matices, colores y uniformes de los partidos políticos y sus respectivas clientelas y bases sociales. Igualmente, los grupos subalternos que exhiben las tendencias más autónomas y rupturistas lo hacen, en primer lugar, rompiendo con los consensos dominantes.
2. Control de la agenda política: Gramsci argumentaba que las clases dominantes influyen en la agenda política y definen los límites del debate público. Esto ocurre no solo durante los ciclos electorales, sino que y sobre todo afuera de los mismos. Los sistemas electorales pueden perpetuar esta dinámica al limitar las opciones y restringir el acceso de nuevas voces y movimientos políticos al poder. Robert A. Dahl llama a esos sistemas “poliarquías”, democracias de elites o democracias tuteladas porque:
“...el papel central de las Constituciones en los Estados democráticos modernos, producto de procesos políticos constituyentes especiales en lugar de procesos electorales comunes, es determinar, de antemano, lo que es legítimo y si las decisiones mayoritarias son, por tanto, legítimas o no.” (Citado en Fonseca, 2017a, p. 26)
El control de la agenda es uno de los varios mecanismos que se emplean en democracias limitadas o tuteladas – donde se eligen a los/as electores/as de antemano – limitar y filtrar las decisiones o elecciones de las mayorías sociales que busquen escapar o romper con el consenso dominante.3. Necesidad de una participación activa partiendo desde abajo, desde los grupos subalternos: Gramsci abogaba por la participación activa y la formación de una voluntad colectiva y audaz consciente en el proceso político y que busque no simplemente su transformación pasiva, sino su refundación activa. En lugar de confiar únicamente en el voto de las mayorías subalternas que no han sido emancipadas y que permanecen en estado de subalternidad, Gramsci enfatizaba la necesidad de combinar la movilización popular (el momento rizomático), la organización (el momento disciplinado) y la toma de conciencia (la reforma moral e intelectual) para lograr un cambio social significativo que hoy llamamos refundación.
4. En el ensayo “¿Qué hacer? Ideas gramscianas para una coyuntura de restauración” propusimos que en países donde el Estado ha sido capturado por elites corruptas y rapaces, no basta un “reformismo legislativo” para detener la influencia de un proceso hegemónico que busca normalizar o restaurar los consensos dominantes que afianzan la exclusión de grupos subalternos o su inclusión pero solo dentro de los términos aceptables para dichos consensos. Aquí el argumento de ese trabajo:
“¿Vamos pues a vigilar las reglas visibles e invisibles de la democracia elitista de guatemalteca? Se trata de reglas electorales que filtran el voto popular, lo agregan y lo retuercen y siempre lo traducen a un voto a favor de elites partidistas o de la clase política dominante. Eso de las listas nacionales o distritales –cuyos candidatos en las primeras casillas de sus partidos privados siempre salen electos– es un robo de soberanía popular a plena luz del día. Eso del sistema D’Hondt diseñado para desactivar el poder de la representación verdaderamente proporcional y para medir el significado del voto es en verdad un robo de la autodeterminación y proporcionalidad real del voto popular y su transferencia a las manos de las elites dominantes para que hagan con ese voto lo que quieran. Y eso de que diputados o partidos enteros pueden “transfugarse” de una posición a otra, de una bancada a otra sin consultar con las bases, sin recibir su permiso explícito y sin el riesgo de una revocación es pura Carabina de Ambrosio y jueguito de sillas. Son pues reglas electorales que datan de 1985 y que las mayorías sociales nunca tuvieron la oportunidad de debatir y mucho menos diseñar y aprobar con absoluta claridad y participación propia. Y son reglas electorales que están diseñadas de todos modos para hacer sentir que el electorado es “libre” y que el proceso es “democrático” por la obra y gracia del supuesto poder independiente del Tribunal Supremo Electoral. La verdad es que es un fraude electoral institucionalizado de tal modo que el mismo aparece como “democracia”. ¿Y vamos a vigilar en la coyuntura presente cómo funciona esta democracia fraudulenta?” (Fonseca, 2016, pp. 86–87)
Podemos desarrollar un análisis más amplio sobre las estructuras de propiedad, producción y poder (las tres P) y las desigualdades de clase, raza y género que, de modo histórico, combinado, desigual, contradictorio y explosivo surgen de esas estructuras preexistentes y fundamentales de lo político y constitucional. En el contexto específicamente guatemalteco podemos identificar ciertas críticas recurrentes al sistema político:
1. Concentración del poder económico y político: Muchos/as comentaristas agudos/as estiman que el sistema D’Hondt y la democracia tutelada que surgió de 1985 perpetúan la concentración del poder económico y político en las manos de elites, grandes corporaciones y grandes partidos dedicados corruptamente a la defensa del sistema existente. Como lo demostró la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), el “pecado original” de la democracia guatemalteca es que estos grupos elitistas de poder influyen en los resultados electorales a través de financiamiento electoral ilícito, el control de los medios de comunicación, las relaciones clientelares y una combinación de métodos opacos de exclusión y marginación de sus rivales y críticos.
2. El impacto del patriarcado: En Guatemala el patriarcado ha dejado profundas huellas en las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales. Aunque cada país tiene su propia historia y dinámicas particulares, hay patrones comunes que se observan en toda la región. El patriarcado se define de modo general por la división tradicional de roles de género. Las mujeres suelen ser relegadas a roles domésticos y de cuidado, mientras que los hombres ocupan posiciones de poder en la esfera pública. Esta división de roles perpetúa desigualdades y limita las oportunidades de las mujeres en muchos aspectos de la vida. Encima de eso, Guatemala es un país donde persiste y se ha intensificado la violencia de género. Los altos índices de violencia doméstica, feminicidios y agresiones sexuales son alarmantes en Guatemala y solo parecen estarse empeorando. Además, existe una amplia brecha de género en términos de acceso a la educación, el empleo y la participación política, sobre todo en territorios y pueblos indígenas. El machismo guatemalteco es un problema histórico y estructural que incluso mina los esfuerzos de reforma o refundación democrática desde movimientos sociales mismos que todavía no cuestionan suficientemente esos presupuestos culturales. La hostilidad y la homofobia contra la comunidad LGBTQ+ exacerba la violencia de género a todo nivel.
3. El racismo profundiza y amplifica la concentración del poder económico y político y, por ello, el racismo es un problema estructural que afecta a toda Guatemala. El país tiene una historia marcada por la colonización, la segregación (la encomienda, el repartimiento, los pueblos de indios, etc.) y el neocolonialismo, lo que ha dejado y sigue dejando profundas huellas en las dinámicas raciales y en la construcción de la identidad plurinacional que hoy demandan los movimientos refundacionales. Es obvio que los pueblos indígenas y otras comunidades étnicas minoritarias son especialmente vulnerables a la discriminación racial y a la exclusión social y económica. No es ningún secreto que las personas de ascendencia indígena, xinca o garífuna suelen enfrentar mayores barreras para acceder a la educación, el empleo, la vivienda y la atención médica. Esto contribuye a la reproducción de la pobreza y la marginación en estas comunidades y sus representantes. Además, el racismo también se manifiesta en la discriminación cotidiana y los estereotipos negativos. Las personas de piel más oscura o que pertenecen a determinados grupos étnicos son objeto de prejuicios y tratos discriminatorios en la vida diaria, en el ámbito laboral y empresarial, en las instituciones públicas y en los medios de comunicación. Con mucha frecuencia los estereotipos raciales se convierten en discurso político y con ello contribuyen a normalizar el racismo profundo que prevalece en Latinoamérica.
4. Limitada participación y representación de los trabajadores y sectores populares: Es de sobre conocido que los intereses y las demandas de los trabajadores y sectores populares no resultan bien representados en la política por la aplicación del sistema D’Hondt en el cual los grupos subalternos, cuando buscan su propia representación, casi nunca logran representación suficiente. Se trata de un patrón bien establecido y por medio del cual los grupos subalternos solo logran acceder al sistema político con la mediación de partidos franquicia, partidos de cartón, partidos financiados ilegalmente y dentro de los cuales ocupan posiciones subalternistas. Estos grupos siempre tienen menos acceso a recursos y oportunidades políticas, lo que limita todavía más su participación y su capacidad para influir en las decisiones políticas del Estado.
5. Persistencia de la desigualdad socioeconómica: el pensamiento crítico guatemalteco, particularmente el feminismo y los intelectuales indígenas que han adoptado perspectivas críticas, destacan que el sistema electoral guatemalteco no ha logrado abordar de manera efectiva la desigualdad socioeconómica, el patriarcado, el racismo y la exclusión socio-económica excepto en los términos del consenso dominante que consiste en lo que hemos llamado el cacifismo o los principios dominantes del CACIF, la organización empresarial más poderosa e influyente de Guatemala. El sistema D’Hondt y otros sistemas electorales simplemente no fueron diseñados para impulsar o permitir políticas redistributivas y transformaciones estructurales que aborden las raíces de la desigualdad, la violencia sexual y el racismo estructural.
Hacia una política rupturista, democrática y refundadora
La idea de la refundación en Guatemala se refiere a la idea de llevar a cabo una transformación profunda y estructural de la sociedad guatemalteca, abordando las problemáticas históricas y actuales que han generado desigualdad, exclusión social, corrupción y violencia en el país. (Fonseca, 2017b)
Nunca en la historia reciente de Guatemala se había construido una red de movimientos sociales mayoritarios, indígenas y populares, que, aunque sea todavía de modo incipiente, se entienden como un poder constituyente. Pero desde el año 2012-2013 el concepto principal que se ha venido empleando para articular el cambio que se busca es el término Refundación.
Se trata de un término pluralista, polisémico, contra-hegemónico, rupturista y prefigurativo. Estas ideas ya son parte de un nuevo discurso político desde abajo – aunque persisten los malos hábitos y los viejos lenguajes. Los ejes en torno a los que gira la idea de Refundación son el constitucionalismo plurinacional y la filosofía o el “sentipensar” del Buen Vivir.
La refundación busca superar las deficiencias y fallas del sistema político, económico, social y cultural guatemalteco, y propone una reconstrucción plurinacional, inclusiva, democrática y ecológica de las bases sobre las cuales se sustenta la sociedad. Esto implica repensar y replantear los fundamentos de la democracia, la justicia, la participación ciudadana y los derechos humanos desde la perspectiva de una democracia participativa, pero también guiada por los principios del Buen Vivir.
Los defensores de la refundación plurinacional argumentan que Guatemala arrastra profundas desigualdades sociales, una historia de exclusión de los pueblos indígenas, la concentración de poder en élites económicas y políticas, y una cultura de violencia, venganza, odio e impunidad que ha perpetuado la corrupción y la captura del Estado. En este contexto, la refundación busca una transformación y una ruptura integral que permita construir una sociedad más equitativa, inclusiva y justa.
La ventana de oportunidad que los movimientos sociales mayoritarios han venido abriendo desde hace años, que ha quedado definida como una oportunidad para buscar la Refundación, y que recibió enorme ímpetu con las protestas del 2015, fue desafortunadamente clausurada por el proceso de transición al proyecto político de la restauración total que se inicia con el gobierno de Jimmy Morales, se ha consolidado con el gobierno de Alejandro Giammattei y ahora, en el ciclo electoral de 2023, se alista para dar un salto final al proyecto de un parlamentarismo negro. (Fonseca, 2022)
La tarea clave de los movimientos sociales y partidos progresistas en el ciclo electoral de 2023 era construir una articulación rupturista y refundadora capaz de interrumpir, si es que no acabar por completo, con el proceso de la restauración total. Sin embargo los movimientos sociales y los partidos progresistas permanecen fragmentados, sospechosos e incluso hostiles los unos hacia los otros, enarbolando banderas de pureza ideológica y vanguardismo político. Siguen cargando con los fantasmas del pasado, no solo de la guerra, sino de los caciquismos, los divisionismos y el clientelismo que reciben como ejemplo y principio de los grupos de poder. Esto ha serivido y puede servir para consolidar el proyecto de la restauración total que está a un paso de llevar la corrupción y cooptación del Estado a todo un nivel cualitativamente superior de absurdidad y perversidad.
Pero hay un chance de construir una articulación legislativa, como parte del próximo congreso, si la ciudadanía consciente que decida votar por las opciones de abajo y de izquierdas demandan que se construya dicha articulación.
Referencias
Europa Press. (2015, mayo 19). ¿Qué es y en qué consiste la Ley D’Hondt? Europa Press. https://www.europapress.es/nacional/noticia-consiste-ley-dhondt-20150519142619.html
Fonseca, M. (2016). ¿Qué hacer? Ideas gramscianas para una coyuntura de restauración. Revista Análisis de la Realidad Nacional, 5(90), 66–101.
Fonseca, M. (2017a). Hegemonía, ruptura y Refundación: Crisis del Estado ampliado. El Observador, 12–13(57–58), 8–120.
Fonseca, M. (2017b). La idea de la Refundación: Actores, propuestas y cuestiones sobre el Estado en Guatemala. Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE), Universidad Rafael Landívar.
Fonseca, M. (2022, noviembre 22). El “parlamentarismo negro”. Etapa típica y presente de la restauración total en Guatemala [Blog Político]. #RefundaciónYa Substack. https://substack.com/inbox
Garzón Sherdek, K. A., & Cahuasquí Cevallos, S. M. (2021). Sistema electoral ecuatoriano, ¿concentrador o proporcional?: Una aproximación crítica a las reformas del 2019-2020. Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos, 1(12), 17–36.